La Justicia rechaza ser moneda de cambio entre Sánchez y Torra

Preocupación y, sobre todo, malestar por una posible negociación oculta. Los funcionarios judiciales temen que la estrategia de desinflamación del Gobierno español incluya la transferencia total de competencias en materia de personal, de forma que los funcionarios catalanes perderían su condición de cuerpo nacional. “Nos dicen que las negociaciones entre el Gobierno y la Generalitat podrían incluir ese traspaso, algo que supondría un cambio total de las condiciones de trabajo”, explican a Crónica Global fuentes sindicales. Esta hipotética transferencia se une a otra propuesta judicial del PSOE que también despierta recelos en la administración de Justicia: la recuperación del Estatut aprobado en el Parlament, recortado por el Tribunal Constitucional (TC), que incluiría la desconcentración del poder judicial.

Pedro Sánchez y Quim Torra el pasado 21D en su encuentro político de Barcelona

Pedro Sánchez y Quim Torra el pasado 21D en Barcelona

Algunas de las competencias catalanas del texto estatutario fueron revocadas porque no estaban contempladas en la Constitución. No así los aspectos relacionados con la justicia, que según el alto tribunal solo hubiera exigido una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

“Perder el carácter nacional permitiría a la Generalitat crear su propio reglamento, algo que rechazan los compañeros. Y eso se enmarcaría en ese proyecto de poder judicial propio”, explican los sindicatos. Temen no ser tenido en cuenta en una negociación que “de la que oficialmente no se informa, pero sabemos que algo se está gestando”. Avisan de que, de producirse ese traspaso total --ahora la Generalitat tiene competencias en materia de recursos materiales--“habrá grandes movilizaciones”.

Equiparación salarial

El año nuevo abre nuevas perspectivas en un colectivo de trabajadores judiciales que, a lo largo de este mes, tiene previsto reanudar sus negociaciones con una Consejería de Justicia en la que ven “actitudes positivas” respecto a la legislatura anterior. La llegada de Ester Capella y como nueva titular del departamento en sustitución de Carles Mundó “ha supuesto un cambio hacia una gestión más profesional, más realista respecto a lo que se puede hacer y lo que no”, afirman estas fuentes.

Empleados de la Consejería de Justicia reciben con un gran lazo amarillo a Ester Capella tras tomar posesión del cargo / JUSTICIA

Empleados de la Consejería de Justicia reciben con un gran lazo amarillo a Ester Capella tras tomar posesión del cargo

No obstante, queda pendiente de resolución una de las grandes reivindicaciones de los funcionarios judiciales catalanas: la equiparación salarial con otras comunidades autónomas. La última oferta para 2019 suponía un incremento de entre 10 y 14 euros al mes, mientras que los empleados de la administración de Justicia exigen, no ya las retribuciones específicas que se pagan en comunidades como País Vasco o Navarra --donde los funcionarios tienen los sueldos más altos--. sino las que se dan en la Comunidad de Madrid y que supondría un aumento de 230 euros como media.

Convocatoria de plazas

Entre los progresos que valoran los funcionarios destaca la convocatoria de plazas, unas 1.700, la mayor de la historia, que reducirá el volumen de interinos. Hasta ahora, la provisionalidad en este colectivo ascendía a un 42% del total de trabajadores, cifra que se puede reducir a un 20%.

En breve comenzará a valorarse el conocimiento del catalán como mérito en la bolsa de trabajo en la administración de Justicia. Equivaldrá a un punto y medio, es decir, al 10% del total de méritos que pueden acreditar los interinos. No obstante, los funcionarios desconfían de la efectividad de esta medidas porque “si el juez y el secretario utilizan el castellano --algo frecuente en Cataluña, dado el alto índice de movilidad interterritorial--, el trabajador no tendrá posibilidad de demostrar sus habilidades en catalán. Es una medida muy de cara a la galería”, avisan.

Intervencionismo soberanista

Respecto a la citada desconcentración del gobierno de los jueces que contemplaba el Estatut laminado por el TC --una medida más asequible que una reforma constitucional--, juristas consultados por este diario avisaron del peligro de abrir esa vía. Consideran prioritario despolitizar los máximos órganos judiciales, por lo que la creación de un Consejo de Justicia de Cataluña solo supondría centrifugar esos problemas. Recuerdan que controlar la justicia es una de las máximas ambiciones de los independentistas, tal como demuestra la ley de transitoriedad jurídica hacia la república catalana, que contempla un absoluto intervencionismo político en el nombramiento del “fiscal general de Cataluña” y del presidente del ‘Tribunal Supremo de Cataluña’.