Las defensas del 1-O denuncian ante el Supremo “la judicialización de un problema político”

Ni rebelión, ni sedición, ni desobediencia, ni malversación de caudales públicos. Las defensas de los 18 procesados por los hechos del 1-O han negado en bloque este martes que sus patrocinados incurrieran en estos cuatro delitos en el marco de la declaración unilateral de independencia (DUI), si bien han recalcado que, de haber tenido lugar, la competencia para juzgarles debería recaer en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y no en el Tribunal Supremo, que este martes ha dado inicio al macrojuicio contra los acusados por el proceso soberanista catalán.

“De todos los poderes a los que se podía acudir, nos hemos ido a buscar aquel, cúspide del poder judicial, más sensible a las influencias del poder político y económico”, ha aseverado Marina Roig, abogada del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, uno de los principales inculpados en esta causa y en prisión preventiva junto al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, los exconsellers Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa, la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell y el exresponsable de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez.

Roig, quien se ha expresado con mayor dureza durante la exposición de las pretensiones de las defensas, ha incidido en que la asunción del procedimiento judicial por parte del alto tribunal, que derivaría en la conculcación del derecho a un juez predeterminado por la ley, supone “una vulneración flagrante de derechos fundamentales en aras a la unidad española que se dice proteger”, motivo por el que considera que ello conllevará “la judicialización de un problema político y el sacrificio de derechos fundamentales".

Declaración de Rull, Sánchez y Turull en catalán

Otra de las cuestiones que han abordado los letrados pasa por solicitar que Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull puedan expresarse en catalán durante el juicio en caso de que éste finalmente se celebre en el Supremo, como previsiblemente sucederá. Para ello, su abogado, Jordi Pina, ha anunciado que pedirá que se cursen los mecanismos oportunos para que pueda realizarse la traducción simultánea al castellano durante la vista oral.

Andreu Van der Eynde, abogado de Junqueras y Romeva, en un televisor en el Supremo / EFE

Por su parte, la defensa de Junqueras y Raül Romeva, ejercida por Andreu Van der Eynde, con cuya intervención ha arrancado la conocida como vista del artículo de previo pronunciamiento --equivalente a la fase de cuestiones previas--, ha manifestado que los acusados son “políticos haciendo política” y ha recriminado que el proceso judicial “no ha seguido las reglas”, haciendo hincapié, además, en que a lo largo del juicio expondrá lo que considera “una violación de los derechos fundamentales, una injusticia y un proceso político”.

“Se está produciendo una imprevisibilidad en la interpretación de las normas que ni con el mejor de los asesoramientos legales ningún ciudadano puede entender, y es la cuestión de la competencia”, ha insistido Van der Eynde, aseverando que la querella que da pie a este proceso judicial no incluye ningún tipo de prueba respecto a hechos que tuvieran lugar fuera de Cataluña o afectase a ésta, como tampoco el auto de procesamiento recoge, ha añadido, “ningún hecho extraterritorial”. “Si el juicio se celebra en Madrid, los acusados estarán lejos de sus familias, y esto va de personas, de un proceso que ha de ser debido. Por tanto, la causa debe devolverse a Cataluña”.

Las defensas alegan que todo sucedió en Cataluña

Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado y Vox, que ejerce la acusación popular en esta causa, se oponen a que el enjuiciamiento se lleve a cabo en el TSJC y, para ello, aluden a la creación de un registro de votantes catalanes en el extranjero, la utilización de webs alojadas en otros países o la puesta en marcha y financiación del consorcio Diplocat --dirigido a la proyección internacional de Cataluña-- como hechos que justifican la competencia del Supremo para juzgar a los 18 procesados.

El tribunal del juicio del 1-O, presidido por Manuel Marchena, en un televisor del Tribunal Supremo / EFE

“Si se hubiera producido la declaración de independencia habría afectado a toda España, pero lo que hay que preguntarse es dónde se habría producido: en el Parlamento de Cataluña. Por tanto, la competencia reside allí”, ha abundado, por su parte, Olga Arderiu, letrada de Carme Forcadell. “La destrucción del orden constitucional afecta a toda España, según el tribunal, pero esto no afecta a la competencia”, ha manifestado la abogada, incidiendo en que, también respecto al presunto delito de malversación, de haberse producido “se habría realizado en Cataluña y el perjuicio únicamente afectaría a la Generalitat”.