Punto y aparte en la temporada de movilizaciones del sector público en Cataluña para exigir mejoras laborales que iniciaron los médicos. CCOO, UGT y USOC han firmado un acuerdo con la Generalitat con el que se desconvoca la huelga prevista para este miércoles. El consejero de Políticas Digitales y Función Pública, Jordi Puigneró, ha sacado la chequera para responder a las grandes demandas económicas sindicales y se ha comprometido ante la mesa de la función pública a abrir de nuevo el debate en enero.
Los sindicatos ha asegurado que la “movilización” y la amenaza de un paro les ha llevado a doblar el brazo al Ejecutivo catalán. Se incluye en esta presión la demanda de mediación que habían solicitado con la delegación del Gobierno en Cataluña horas antes de firmar el pacto. Se apuntan un éxito aunque, tal y como apuntan desde las propias organizaciones de defensa de los trabajadores, las demandas no han sido contestadas en su totalidad.
Pagas extraordinarias
¿Se ha firmado un mal acuerdo? Las fuentes consultadas consideran que no si se tiene en cuenta que en cuatro años se reembolsarán las pagas extraordinarias que no se abonaron en 2013 y 2014 en lugar de los 10 ejercicios previstos. Los trabajadores públicos catalanes dejarán de ser los únicos de España que aún no han percibido esta retribución pospuesta en los momentos más duros de la crisis. Pero el resto de sus reclamaciones se han quedado en el tintero.
El consejero de Políticas Digitales y Función Pública firma el acuerdo laboral con UGT, CCOO y USOC / GENCAT
El consejero de Políticas Digitales y Función Pública firma el acuerdo laboral con UGT, CCOO y USOC / GENCAT
El malestar persiste, pero el temor de que la huelga convocada fuera menor también ha pesado en la decisión de aceptar el pacto, señalan los mismos interlocutores. Explican que las organizaciones convocantes eran conscientes de la complejidad que supone movilizar a un colectivo como el de la función pública. Reconocen que no es habitual que los trabajadores de la Generalitat se sumen a protestas más allá del personal más movilizado, el de los representantes sindicales.
Nuevo ‘paro de país’
Todo ello, en un momento en el que ha subido la temperatura del conflicto político catalán. Los sectores más radicales del independentismo han marcado el 21D, cuando el Consejo de Ministros se celebre en Barcelona, como la fecha en que se debe realizar una nueva muestra de fuerza. Se impulsan protestas para demostrar que la llama del procés sigue viva y la iniciativa de celebrar otro paro de país está de nuevo sobre la mesa.
ANC, CUP y la Crida de Carles Puigdemont han hecho un llamamiento a sus seguidores para realizar una nueva huelga general de perfil más político que laboral en Cataluña. Se consiguió con éxito el octubre y noviembre de 2017 gracias, en gran medida, a que el Gobierno catalán propició el apoyo de los trabajadores públicos. Se les invitó a salir a la calle y se dejó claro que no existiría ninguna penalización laboral, hecho que fue enmendado después en los tribunales. Con todo, nunca ha tenido un impacto en la nómina real de la plantilla. Se ha compensado con horas extraordinarias.
Convocatoria del sindicato 'indepe'
Ahora se espera repetir el mismo escenario pero en la casa Llotja de Mar, donde Pedro Sánchez ha convocado a sus ministros. La huelga ya ha sido convocada de forma oficial. Intersindical-CSC, la formación que impulsa Puigdemont y que está liderado por un condenado de Terra Lliure, Carles Sastre. Aunque el sindicato aseguró ante el intento de realizar un paro de país el 1-O que en el proceso judicial en el que está inmerso no le recomendaba liderar una nueva huelga de perfil político, prohibido en España, ahora ha rectificado esta decisión.
En su convocatoria, que se hizo pública este martes a última hora, se apunta directamente a Pedro Sánchez. Intersindical-CSC se escuda en que los socialistas mantienen la reforma laboral del PP, que a protesta busca rechazar el decreto que se aprobó en el momento de mayo tensión del procés para facilitar el traslado de sedes sociales, las impugnaciones de las leyes catalanas de corte social que afectaban a competencias del Estado y a la reivindicación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 1.200 euros. Aunque esto último sólo lo reivindican para Cataluña. La huelga general está convocada durante dos horas, de las 12.30 a las 14.30 del mediodía. Es decir, durante la celebración del Consejo de Ministros.
Incluso los grandes sindicatos esperan algún tipo de movilización de los trabajadores de la Generalitat en esa jornada. Más, porque Intersindical-CSC tiene poder en ciertos colectivos como los profesiores o el personal de oficinas. Quienes seguro que saldrán a la calle por sus movilizaciones laborales son los Mossos d’Esquadra, situados de nuevo en el ojo del huracán por la investigación que ha abierto la Fiscalía por su supuesta inacción durante los cortes de autopista llevados a cabo por los Comités de Defensa de la República (CDR) durante el fin de semana. Los agentes se concentrarán hoy a las 16 horas ante la Consejería de Economía, situada en la Rambla Catalunya, y a las 17.30 horas ante el edificio de Correos, en la confluencia de la Via Laietana y el paseo Colom.
Tensión en Mossos d'Esquadra
“La tensión es extrema dentro del cuerpo, porque venimos de ser desautorizados por nuestro consejero y ahora nos investigan”, explican fuentes sindicales. Se refiere a la purga anunciada por el presidente Quim Torra y que el consejero de Interior, Miquel Buch, se mostró dispuesto a ejecutar tras las cargas contra los CDR en Girona y Terrassa el Día de la Constitución. El malestar es especialmente evidente en la Brimo (Brigada móvil o antidisturbios) y en los ARRO (áreas regionales de recursos operativos), que en diversas ocasiones han denunciado la falta de efectivos. Las quejas laborales son generalizadas dentro de la Policía Autonómica, integrada por 17.000 agentes y que el pasado 6 de octubre protagonizaron una gran manifestación --cerca de 4.500 agentes--, después de que Torra instara a los CDR a “apretar”. Precisamente hoy, la situación de las plantillas de los Mossos será debatida en el Pleno del Parlament en forma de interpelación al Govern y de moción sobre función pública a instancias de PSC y Catalunya en Comú-Podem.
La semana pasada, tras el anuncio de depuraciones en la cúpula de los Mossos, los sindicatos pidieron la dimisión de Buch, al que acusaron de actuar como un CDR, de politizar el cuerpo y de abandonarles. Posteriormente, Torra y Buch dieron marcha atrás en sus críticas y defendieron su labor. Pero el daño ya está hecho y también las protestas laborales de los agentes tendrán su continuidad el 21D. Y por diversos motivos. Por un lado, los agentes están llamados a un paro encubierto ese día --la policía no tiene derecho a hacer huelga--, es decir, a pedir una baja laboral para no participar en los operativos que se desplegarán en Barcelona en previsión de los altercados que prepara el independentismo radical. “No nos queda otra alternativa, pues sin derecho a huelga y sin posibilidad de tener una mesa de negociación propia, no nos queda otra que movilizarnos”, explican las mismas fuentes.
Agentes y CDR
Por una causa muy diferente, los sectores secesionistas de los Mossos también quieren pedir fiesta para sumarse a los CDR y “si hay que tomar el Parlament por la fuerza, pues se entra”. En estos términos se expresaba un agente destinado en Esplugues (Barcelona), en referencia al llamamiento de Bandera Negra a tomar el Palau de la Generalitat y la Cámara catalana el 21D “con violencia” hasta lograr que se implemente la república catalana. No es el único, aseguran explican fuentes policiales. De ahí que se hayan encendido las alarmas en el Gobierno español, dispuesto a enviar efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional si el 21D se producen los altercados previstos.