La ruptura es formal. Sí. Pero no es ni definitiva ni real. El Govern de la Generalitat no quiere saber nada del Gobierno de Pedro Sánchez, y ni el PDeCAT ni ERC aprobarán los presupuestos de 2019. El jefe del Ejecutivo español lo sabe. Pero la colaboración se mantendrá. Los diputados del PDeCAT en Madrid y los diputados y consejeros de ERC en el gobierno catalán manifiestan que se podrá seguir colaborando, que no se debe romper todo. Y el Gobierno español tiene claro que las cosas serán así, que la realidad es demasiado cruda, pero que no convocará elecciones aunque no pueda aprobar las cuentas del próximo año. Es una fórmula que puede venir bien a las dos partes, mientras se gana tiempo, con el juicio pendiente a los dirigentes independentistas presos.
¿Demasiado complicado? No queda otra. El presidente Quim Torra, poco habituado a las negociaciones políticas, se encarga de enaltecer el discurso, con una retórica provocativa, como hizo este miércoles en el Parlament, con la excusa de que no se puede hacer nada con un Estado que mantiene en la cárcel a los principales dirigentes independentistas. Pero los lazos con el Ejecutivo de Pedro Sánchez no se van a romper. Las comisiones bilaterales se mantienen, y, lo más importante, las medidas que se puedan aprobar en el Congreso, al margen de un sí en bloque a los presupuestos, --que no se va a producir-- se sacarán adelante.
Medidas concretas
Esa es la posición de dirigentes en el Govern como la consejera de Justicia, la republicana Esther Capella, amiga personal de Oriol Junqueras, y que lidera el discurso más político de Esquerra. Y también es la actitud de Joan Tardà, el hombre de los republicanos en el Congreso. En el caso del PDeCAT la posición todavía es más clara: los diputados más veteranos, como Carles Campuzano o Jordi Xuclà, comparten el diagnóstico y el operativo, y cuentan con Elsa Artadi que desea mantener esa capacidad de maniobra para poder negociar en Madrid. También comparte la estrategia Damià Calvet, obsesionado ahora en lograr inversiones, y aparecer como un buen consejero de Política Territorial.
Pedro Sánchez y el diputado de ERC, Joan Tardà
Para el Gobierno de Pedro Sánchez es una posición incómoda. Si los independentistas no aprueban las cuentas de 2019, una prórroga de los presupuestos que aprobó Mariano Rajoy no es una buena carta de presentación. Pero se pueden hacer modificaciones, aprobar medidas concretas. Y hacer de la necesidad virtud. Lo explicitó Pedro Sánchez este miércoles, al anunciar que el consejo de ministros aprobará este jueves que el impuesto sobre documentos jurídicos documentados, que se paga con la contratación de una hipoteca, será responsabilidad de la banca y no de los ciudadanos. Lo hará a través de un decreto-ley que deberá ser convalidado en el Congreso, y que, por tanto, deberá lograr un apoyo en la cámara.
Sin argumentos para PP y Cs
Sánchez también afirmó que a partir del 1 de enero de 2019 entrará en vigor el nuevo salario mínimo de 900 euros, sin necesidad de ese nuevo presupuesto. Y de nuevo contaría con una mayoría parlamentaria en la cámara, con Podemos y los independentistas, y dejando en evidencia --a su juicio-- a Ciudadanos y PP.
A lo largo de los próximos meses se irán impulsando y aprobando medidas, que necesitarán del concurso de Podemos, y de los independentistas catalanes. Se trata de aplicar un sentido práctico a esa relación, con una ventaja para las dos partes: ni el PP ni Ciudadanos podrán acusar a Sánchez de que el independentismo le salva los presupuestos --“en manos de los que quieren romper España”-- ni los independentistas más consecuentes ni lo gurús más recalcitrantes --Pilar Rahola-- podrán acusar al gobierno catalán de entregarse a Sánchez sin que haya hecho nada por los políticos presos. Esa visión de Rahola, partidaria de que los diputados independentistas abandonen el Congreso de los Diputados, desde la decisión de la Fiscalía de mantener los delitos de rebelión y sedición para los políticos presos, se descarta por completo en el seno del Govern.
Quim Torra y Pedro Sánchez, en el encuentro que mantuvieron en la Moncloa
Encuentro en diciembre
Los ministros de Sánchez que se ocupan con más atención sobre la carpeta catalana, como Meritxell Batet, expresan que la legislatura no finalizará de inmediato. Sánchez quiere sacar adelante cuestiones en las que está “determinado”, como la exhumación del cadáver de Franco del Valle de los Caídos. Y eso, como él mismo ha interiorizado, no será mañana ni pasado, pero sí puede lograrlo en los próximos meses. Necesita tiempo para que tengan efecto algunas de sus medidas, y para comprobar cómo evoluciona la situación en Cataluña. El propio Sánchez ha confirmado que se organizará un consejo de ministros en Barcelona en diciembre, y que, "si el presidente Torra puede y quiere", se producirá un encuentro entre los dos.
Esquerra Republicana también está “determinada” a seguir gobernando, a mantener una retórica dura sobre el caso de los políticos presos, pero sin romper amarras.
El factor Puigdemont
El cabo suelto, como lo ha sido en los últimos meses, es Carles Puigdemont, que está empeñado en la constitución de la Crida Nacional per la República. Se trata de un instrumento político que tiene sentido si se producen elecciones a corto plazo. Pero las circunstancias --tampoco ha comenzado con buen pie la Crida, con recelos importantes por parte del PDeCAT, que sigue teniendo las estructuras y los recursos económicos-- le pueden llevar a demorarlo todo y esperar, como mínimo, a las elecciones municipales del mes de mayo.
En esa tesitura, Sánchez cree que puede seguir gobernando. Y el independentismo entiende que puede emplear el mismo discurso de ruptura, --no hay nada que hacer hasta que los presos salgan de la cárcel-- mientras da apoyo en el Congreso a medidas concretas, que no pasen por un apoyo cerrado y con gran carga política como significa aprobar unos presupuestos.
La otra pata es Podemos, que ha dejado claro a Sánchez que sin presupuestos lo mejor que puede hacer es convocar elecciones. Sin embargo, Pablo Iglesias puede explicar el acuerdo alcanzado con el Gobierno a lo largo de la geografía española y consolidar un electorado que pueda premiar, cuando toque, la labor “socialdemócrata” de la formación morada.