El exmayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, fue una "pieza clave" en el plan separatista pergeñado por el anterior Govern, que comandaba el ahora prófugo Carles Puigdemont. La Fiscalía, en el escrito de conclusiones provisionales entregado hoy a la Audiencia Nacional, que juzgará al funcionario por un presunto delito de rebelión, asegura que el policía jugó un rol fundamental "dentro del ámbito de sus respectivas competencias de impedir o dificultar gravemente el cumplimiento de las órdenes emanadas por los tribunales de justicia".
Tanto Trapero como el exdirector de los Mossos d'Esquadra, Pere Soler, así como el exsecretario general de Interior, Cesar Puig, se enfrentarán al delito del alzamiento violento. Por su parte, la intendente Teresa Laplana se defenderá de un delito de sedición. Pide la Fiscalía para los tres primeros 11 años de prisión y 11 de inhabilitación y 4 años de custodia y 5 de inhabilitación como funcionaria para Laplana.
Todos ellos, según el Ministerio Público, llevaron a cabo comportamientos ilícitos "con la finalidad de llevar a cabo el plan secesionista ideado conjuntamente por los máximos responsables del Govern y del Parlament de la Generalitat, así como por los líderes de los grupos parlamentarios y de las asociaciones independentistas".
Rebelión
La Fiscalía cree que Trapero, Soler y Puig cometieron un delito de rebelión correspondiente a declarar la independencia de parte del territorio nacional. Asimismo, los dos cargos políticos y el mosso incurrieron también en el tipo penal al "sustraer cualquier clase de fuerza armada a la obediencia del Gobierno". Según el Ministerio Público, los tres acusados cometieron el ilícito penal no en calidad de mandos, sino de "mandos subalternos". Ello está penado con condenas de entre 10 y 15 años. Este hecho justifica la petición de 11 años de reclusión y los mismos de inhabilitación absoluta.
Dos Mossos d'Esquadra, ante un colegio electoral el 1-O / EFE
Dos Mossos d'Esquadra, ante un colegio electoral el 1-O / EFE
Con lo que respecta a Laplana, el teniente fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo y el fiscal Pedro Rubira creen que cometió un delito de sedición, aunque no como autora principal o "persona constituida en autoridad", sino en un rol secundario, penado con condena de entre 4 y 8 años de cárcel. La alto mando tampoco podría ser mosso durante cinco años si el tribunal se ciñe al criterio del Ministerio Público en su condena.
Papel durante el 1-O y en Economía
Los letrados consideran necesarios los años de reclusión e inhabilitación para Trapero, Soler, Puig y Laplana habida cuenta del papel que jugaron los tres primeros durante el referéndum ilegal de secesión del 1 de octubre de 2017 y, antes, durante el asedio por parte de una turba independentista a una comitiva judicial acompañada de la Guardia Civil ante el Departamento de Economía el 20 de septiembre del mismo año. En el caso de Laplana, la Fiscalía solo ha considerado su rol en el acoso a los efectivos del Instituto Armado del 20S.
Las penas que pide el Ministerio Público para la cúpula de los Mossos d'Esquadra son sin embargo mucho menores que las atribuidas a los exconsejeros del Govern que orquestaron el desafío independentista. Oriol Junqueras es el que se enfrenta a una petición fiscal mayor, de 25 años, ya que la Fiscalía considera que lideró la trama independentista organizada entre el Gobierno regional y las entidades pseudociviles para intentar separar a Cataluña de España.