La Generalitat de Cataluña dilapidó cerca de cuatro millones de euros en el proceso independentista de 2017. La Guardia Civil ha añadido 726.000 euros a la investigación por presunto mal uso de fondos públicos, que hasta ahora sumaba 3,26 millones gastados, supuestamente, en el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Esta cantidad la habría utilizado el Govern, cree el Instituto Armado, para pagar programas informáticos que robarían datos de los contribuyentes a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), dependiente del Ministerio de Hacienda.
En un informe remitido al juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, una de las salas que instruyen el procedimiento por la organización del procés en Cataluña junto a la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, los agentes sostienen que los anteriores Gobiernos catalanes liderados por Artur Mas y el ahora prófugo Carles Puigdemont destinaron los citados 726.000 euros a costear la compra de dos programas informáticos para obtener datos del Impuesto de Renta sobre las Personas Físicas (IRPF) y de cotizaciones de la Seguridad Social de los contribuyentes catalanes. Ello tendría como meta poder recaudar esos tributos, excediéndose ampliamente de las competencias autonómicas.
IBM, salpicada de nuevo
Según afirman los investigadores, que peinan el periodo que comprende el ejercicio 2014 hasta la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española en Cataluña a finales de 2017, el último gasto de dinero público que podría ser ilícito fue uno de 241.382,30 euros. Esta cantidad la destinó la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC), la llamada Hacienda catalana, al programa Back Office SAP TRM. El objetivo de este software, encargado a la multinacional IBM, sería el de "obtener el control de una importante cantidad de ingresos tributarios" del Estado. Con la recaudación de los gravámenes se cubrirían las necesidades financieras de una hipotética Cataluña independiente.
Imagen de una sede de la Agencia Tributaria de Cataluña, la llamada Hacienda catalana / CG
Imagen de una sede de la Agencia Tributaria de Cataluña, la llamada 'Hacienda catalana' / CG
Finalmente y cuando la autonomía de Cataluña fue intervenida tras el órdago secesionista de octubre de 2017, el Gobierno de Mariano Rajoy ordenó desactivar el programa, ya que no consideró competente a una administración autonómica para gestionar la recaudación del IRPF y las cotizaciones sociales. Zanjar ese programa enfocado a pagar la secesión costó a las arcas públicas 16.162,20 euros.
Medio millón para una herramienta que no se usó
Esta no fue no obstante la única partida que están peinando los agentes de la Guardia Civil. El Instituto Armado ha puesto la lupa en los 511.720,95 euros gastados en el llamado Gestor de Entradas de la Agencia Tributaria de Cataluña. Esta herramienta estaba pensada para que los contribuyentes presentaran voluntariamente una declaración de su liquidación del IRPF a la Hacienda catalana tras haber hecho lo propio ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). El programa no convenció a la ciudadanía, que le dio escaso uso, pese a que acompañaba a la campaña Declara't a Catalunya, impulsada por la Assemblea Nacional Catalana (ANC).
En los 726.000 euros agregados por la Guardia Civil al informe sobre la presunta malversación de fondos públicos en el intento de separación de Cataluña de España se incluye también el 45% del coste de los viajes internacionales de dirigentes de la Generalitat con el fin de recaudar financiación. Ejemplo de ello son las pesquisas que ha realizado el Instituto Armado sobre la negociación del actual vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, con el Gobierno chino en busca de dinero para una eventual Cataluña independiente que nunca llegó. La cifra total de dinero público asciende a 6.287,33 euros. El otro 55% del coste de los viajes no se ha contabilizado porque la Generalitat aún no ha entregado los datos.