Investigación abierta a Federico Vidal, el juez que criticó las cargas de la policía del 1-O en el foro corporativo oficial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La investigación ha sido ordenada, además, por el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, el mismo que indaga los preparativos del referéndum ilegal.

Según ha trascendido, el magistrado del juzgado barcelonés habría recibido en el reparto de denuncias entrantes la que había interpuesto la Fiscalía contra Vidal. Fue presentada el pasado mes de mayo alegando un delito de injurias.

Sancionado por falta grave

Vidal fue expedientado y sancionado por el CGPJ por publicar en un chat, a través de su cuenta oficial, que las actuaciones de los agentes de la Policía Nacional (CNP) y la Guardia Civil durante el 1-O eran "terrorismo policial". Unos comentarios que fueron calificados como una falta grave de desconsideración respecto a instituciones y funcionarios. La sanción económica fue de 600 euros.

Además, un particular también presentó una denuncia contra el titular del juzgado contencioso-administrativo número 17 de Barcelona, que finalmente fue archivada. El CGPJ entendió, en este caso, que el supuesto delito no se habría cometido en el ejercicio del cargo como magistrado, por lo que quedaba fuera de las competencias del Consejo.

Reacciones en el chat

Los mensajes de Vidal en el foro privado de los jueces reforzaban la tesis de que la policía había actuado de forma desmedida. "¿Nadie tiene nada que decir sobre terrorismo policial, que sí sufrimos en Cataluña? ¿Ni sobre los 890 heridos que han provocado los terroristas uniformados? ¿Ni sobre los 2,3 millones de personas que se han visto coaccionadas, insultadas y despreciadas por querer votar?". 

A estas declaraciones le siguieron comentarios de sus compañeros de profesión, algunos de ellos muy críticos con el proceso independentista que incluían calificaciones como “terroristas”, “golpistas” o “criminales”. Estos comentarios han trascendido a través de una filtración a los medios y han provocado reacciones en los partidos políticos secesionistas, que han pedido que la Fiscalía investigue a los jueces. El propio Quim Torra, presidente de la Generalitat, ha reclamado la anulación del proceso judicial sobre los acontecimientos del 1 de octubre y la dimisión de Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).