Querella contra la juez belga, Puigdemont, su abogado y la traductora de la demanda a Llarena

La asociación de juristas Movimiento 24DOS ha presentado una querella en la Audiencia Nacional contra la juez belga que admitió la demanda civil contra el magistrado del Tribunal Supremo que ha instruido la causa del proceso soberanista, Pablo Llarena; el expresidente catalán Carles Puigdemont; el abogado de éste, Gonzalo Boye; los cuatro exconsellers en el extranjero, y la traductora de la demanda que presentaron.

La querella, a la que ha tenido acceso Europa Press, les atribuye los delitos de prevaricación, usurpación de funciones, falso testimonio y falsedad documental, y se ha presentado en la Audiencia Nacional dado que los hechos a los que se refiere se produjeron fuera de España, "pero su resultado se produce en España al violar la integridad" de la jurisdicción del país.

Demanda "fraudulenta y falsaria"

Los juristas del Movimiento 24DOS consideran que la demanda civil contra Llarena es "fraudulenta y falsaria", y constituye "un claro ejemplo de maniobra procesal torticera".

"Formalmente dirigida contra el magistrado, materialmente tiene como objetivo denigrar nuestras instituciones democráticas, así como violar la integridad y dignidad de la jurisdicción española", añade la querella.

"Salvaje ataque a las instituciones"

En su opinión, el relato de los hechos que hace la demanda que presentaron los querellados es "inventado" y recurre a "esperpénticos juicios de valor", además de a una "manipulación de la traducción al francés de las palabras del magistrado".

Por ello, consideran que supone un "salvaje ataque a las instituciones democráticas" españolas y a su jurisdicción "con la burda excusa" de las palabras de Llarena en Oviedo en febrero de este año.

Demanda "inadmisible"

Para el Movimiento 24DOS, "la alteración de la traducción es innegable", pero incluso sin ella considera que la demanda civil contra el juez del Supremo es "del todo inadmisible", puesto que los querellados "no reclamaban por un perjuicio derivado de unas palabras pronunciadas en un ámbito particular, sino por la actuación procesal del magistrado, incluidas las medidas cautelares adoptadas y su calificación de los hechos en el auto de procesamiento, un trabajo jurisdiccional cuya valoración denigratoria conforma la práctica totalidad del contenido del escrito".

Dado que opinan que las palabras de Llarena son de una "neutralidad exquisita", los juristas creen que la juez del Tribunal de Primera Instancia Francófono de Bruselas, Anne Dessy, debería haber "inadmitido de plano" la demanda civil del resto de querellados.

Traducción tergiversada

A Puigdemont y los cuatro consejeros, el Movimiento 24DOS les atribuye delitos de prevaricación y usurpación de funciones, los mismos que a Boye, si bien en referencia a éste se contempla también un delito de presentación de traducción falsa.

Al abogado se le considera "inductor" de la demanda civil por "participar en su estrategia fraudulenta y en el dominio del hecho".

Además, afirman que como Boye es el único de los letrados firmantes de la demanda cuya lengua materna no es el francés, se le puede "atribuir la redacción del párrafo en que se contiene la tergiversación y que no puede haber sido redactado por un francófono por su incorrección lingüística".

En cuanto a la traductora, los juristas ven oportuno tomarle declaración, con asistencia letrada, sobre su intervención en los hechos, dado que "se ha atribuido la tergiversación de la traducción a un error cometido por la traductora, quien a su vez ha negado haber conocido el texto en francés presentado ante el tribunal".

Plataforma de juristas

Tras la asociación de juristas Movimiento 24DOS que interpone la querella se encuentra el abogado penalista y catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Castilla-La Mancha, Nicolás González Cuellar. Se trata del mismo grupo que se presentó en las últimas elecciones del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM). Le apoyan, entre otros, el exmagistrado del Tribunal Supremo Adolfo Prego y el exfiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Gordillo.