La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se ha anotado otro sonoro fracaso menos visible en el campo de la seguridad. La Guardia Urbana huye del programa de policía de proximidad de Barcelona en Comú (BComú), la llamada policía de barrio, por falta de recursos, mala coordinación y condiciones laborales deficientes. Ello lo notan los vecinos: "Nadie ve a esas patrullas a pie", defiende un colectivo del Raval, uno de los barrios más castigados por la inseguridad.
La versión oficial es más optimista. Según una portavoz municipal, que se ha remitido a una nota de prensa de mayo, la policía de proximidad "ya está presente en la mitad de la ciudad". Ello incluye los distritos de Ciutat Vella, Sants-Montjuïc, Nou Barris, Sant Andreu y Sant Martí. La misma representante ha hecho hincapié en que unos 70 agentes y mandos de la Guardia Urbana ya forman parte del programa. La iniciativa, ha recalcado, ha "contribuido a mejorar las relaciones con el tejido vecinal y a la coordinación con el resto de servicios municipales".
"Es una cortina de humo"
Una opinión menos positiva tiene Eugenio Zambrano, secretario de Administración local Autonómica de CSIF-Cataluña. "La policía de proximidad o comunitaria se basa en la idea de tener a una pareja de agentes cercana a tu casa. Siempre ha existido, pues es el pilar del sistema público de seguridad", aclara. ¿Funciona en Barcelona? "No. Porque no se han trabajado las especialidades. Imagínate que un policía de barrio detecta menudeo de drogas en una zona, o un incidente de tráfico. Debe de avisar a la policía judicial o a tráfico. Como no hay recursos, allí no viene nadie", alerta.
Bajo su punto de vista, la policía amable de Barcelona en Comú (BComú), que presentó a bombo y platillo en mayo de 2016, es "una cortina de humo". Advierte la misma fuente de que "ya hay agentes que han pedido su reingreso en la brigada por las condiciones laborales de la policía de proximidad y por su frustración e impotencia". ¿Impotencia en qué sentido? "Si patrullas cada día a pie y el mismo vecino te dice que tiene el mismo problema, pero no lo puedes solucionar por falta de recursos, porque no te envían a nadie, acabas harto", lamenta. "Ello tiene dos responsables que normalmente no salen a la luz pública, el comisionado de Seguridad, Amadeu Recasens, y el gerente municipal de Seguridad, Jordi Samsó. Es por su mala gestión", remacha Zambrano.
"Es muy caro y no da frutos"
Otras fuentes del cuerpo han arrojado más luz sobre la idea de policía amable de los comunes, que estaba destinada a acabar con la Unidad de Apoyo Policial (USP, por sus siglas en catalán) --no ha ocurrido-- de la Guardia Urbana. "La idea no es mala, pero es cara y poco efectiva. Precisa de recursos adicionales que den cobertura a esa patrulla que va a pie en una zona determinada", ha explicado. "Si una pareja de comuntaria recolecta información y la pasa a los mandos, esos datos tienen que trabajarse. Hay que cotejarlos con servicios sociales, limpieza, con policía judicial u otras instancias. Si no, no sirve de nada", explican. Ello no ocurre, por lo que la policía de barrio que Colau presentó en 2016 es la misma de siempre.
"Para que el sistema funcionara --ha agregado la misma fuente-- se precisarían un mínimo de 600 agentes más de la Guardia Urbana. Necesita mucha gente. Otro tema es la incardinación de los agentes en un barrio. Para que la comunitaria se efectiva, los agentes que patrullan deben ser siempre los mismos. Conocer a vecinos y comerciantes. Pues ello no pasa, porque el hecho de que pocos quieran ser destinados a esa unidad provoca una rotación continua. No funciona y ello provoca irritación en los agentes y que los mandos se escondan, pues las asociaciones de vecinos les piden que rindan cuentas y ellos no pueden aportar cifras positivas: porque el sistema se aguanta con alfileres", ha concluido.