Sánchez asume que podría aplicar de nuevo el 155 en Cataluña

Pedro Sánchez mantendrá la firmeza frente al Govern de Quim Torra. A pocas horas de la reunión que mantendrá en la Moncloa de este lunes, el clima que se vive en el Gobierno español no es, precisamente, de euforia. La pretensión de desarmar al independentismo se mantiene, con una política de acercamiento que reste argumentos al Govern de Torra. Prueba de ello es el acercamiento de los políticos presos a cárceles catalanas, o las propuestas, sin detallar, de la ministra de Administraciones Públicas, Meritxell Batet, para recuperar parte del Estatut del 2006. Pero Sánchez asume que podría aplicar de nuevo el 155 en Cataluña, si Torra, forzado por las entidades soberanistas, no se compromete con la vía autonomista.

El análisis que realiza el Gobierno del PSOE, según las fuentes consultadas, no es muy optimista. Se considera que el independentismo vive contradicciones internas, y que buena parte del Ejecutivo catalán, principalmente los consejeros de Esquerra Republicana, quiere pasar página y concentrarse en la gestión. Pero también se ven las amenazas, el peligro de que todo pueda descarrilar si los partidos se ven superados por la ANC y los “outsiders”, como los califican algunos profesores de Ciencia Política, los fieles a Carles Puigdemont que desean impulsar un movimiento político transversal que se concrete en listas unitarias de cara a las elecciones municipales.

Pulso entre partidos y sociedad

El independentismo vive ese pulso, que, a nivel mediático, se puede plasmar en la división que se ha establecido entre el periodista Francesc-Marc Álvaro y el historiador Agustí Colomines. Por ello, el Ejecutivo de Sánchez ha trazado una primera hoja de ruta: gobernar, acercarse al Govern, sin generar excesivas expectativas y con el 155 como instrumento si las cosas se complican. Prueba de ello fue la decisión de este mismo viernes, a través del consejo de ministros, de impugnar ante el Tribunal Constitucional la moción que aprobó el Parlament el pasado jueves en la que se reafirmaba “los objetivos políticos” de la resolución del 9 de noviembre de 2015, que sostenía la voluntad de avanzar hacia la secesión de Cataluña.

Sánchez es consciente de una cuestión, que también tienen muy claro algunos miembros de su Gobierno, como el ministro de Exteriores, Josep Borrell, y es que el acercamiento al Gobierno catalán no implica que se acepte un nuevo juego sobre el derecho a decidir, o sobre la convocatoria de un nuevo referéndum o sobre mociones, declaraciones u otras iniciativas independentistas, aunque sólo busquen contentar o entretener a la parroquia independentista. Toda la política española gira alrededor de lo que pueda hacer Sánchez en Cataluña, con Ciudadanos esperando cualquier error, y el PP, pese a estar concentrado en sus cuitas internas con la elección del sucesor de Mariano Rajoy. Por ello, Sánchez no se puede permitir ningún desliz, ni ofrecer la percepción de que el independentismo le está toreando.

El factor Borrell

El horizonte que establece el Ejecutivo español es un periodo de tensión, con altos y bajos, con aproximaciones y la posibilidad de que Torra acepte iniciar una nueva etapa política, pero también con aplicaciones periódicas del 155, que ahora “ya no es un tabú”. Eso unido siempre a la posibilidad de convocar elecciones, en el momento que sea más propicio para los intereses del PSOE, aunque la intención es llegar, como mínimo, hasta las elecciones municipales de 2019.

Sánchez, conectado con el PSC, dispone de buena información sobre el mundo independentista. Y sabe que todo puede complicarse de forma endiablada en cualquier momento. Borrell, precisamente, es uno de los más activos para marcar un posible punto de inflexión. Para el ministro de Exteriores, que ha estado detrás de todo el conflicto que sucedió en Washington entre el exministro Pedro Morenés y Quim Torra –él mismo supervisó el discurso de Morenés que pone de ejemplo para todos los embajadores españoles—todo depende de si las estructuras de partido en Cataluña, el PDeCAT y ERC, se ven o no superadas por las entidades de la sociedad civil que ayudaron a engordar. Y eso será, a su juicio, una especie de ‘toma y daca’ que no permitirá a nadie avanzar.