La Consejería de Justicia purga a un alto cargo que rechazó la DUI y aguantó durante el 155

El colaboracionismo con el 155 está costando el puesto a más de un alto cargo de la Generalitat. El más reciente tiene nombre propio: Rosa Anna Castilla, hasta ahora directora general de Modernización de la Administración de Justicia. Castilla ha sido cesada y sustituida por Montserrat Muñoz, según publicó ayer el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC).

En medios judiciales se daba por hecha esta destitución desde hace días, ya que Castilla había permanecido en su puesto durante la intervención del Gobierno. Lo hizo en una consejería en manos de ERC --la nueva titular es Ester Capella-- y con un marcado perfil político. En octubre de 2017, Castilla dimitió por su disconformidad con la declaración unilateral de independencia (DUI). Dos meses después, ya con el 155, el Consejo de Ministros la restituyó en su cargo.

Premios y castigos

A la nueva consejera no le ha temblado la mano a la hora de premiar o castigar a los altos cargos, en función de sus fidelidades al proyecto secesionista. Tal como informó Crónica Global, mandos intermedios de este departamento han sido ascendidos por demostrar lealtad al expresidente Carles Puigdemont y al exconsejero Carles Mundó.

Este es el caso de Patricia Gomà, nueva secretaria de Justicia que hasta ahora ocupaba el cargo de secretaria de Relaciones con la Administración de Justicia. Entre los proyectos impulsados por Gomà figura la creación de un Equipo de Mejora Continua cuya finalidad era ejercer una inspección encubierta en los juzgados y acceder a la base de datos de los jueces. Este grupo de “comisarios políticos” --así lo calificaban los sindicatos de funcionarios-- ha sido desmantelado después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y el Consejo General del Poder Judicial advirtieran de la invasión de competencias.

El hasta ahora gerente de la Ciudad de la Justicia de Barcelona, Joan Domènec Abad, pasó a ocupar la vacante que dejó Gomà.

Artadi y Nin, muy colaboradores

Al igual que Rosa Anna Castilla, quien también fue castigado, Joaquim Nin, ha sido sustituido por Meritxell Masó al frente de la secretaría de Presidencia, convirtiéndose en la número dos del departamento dirigido por Elsa Artadi. Fuentes del Gobierno español han asegurado a este diario que tanto Nin como la propia Artadi --que entonces ocupó la dirección general de Coordinación Interdepartamental de la Generalitat hasta que fue cesada en enero-- colaboraron con los gestores del 155.

El primero asumió nuevas responsabilidades, autorizando gastos y contratos públicos por un importe igual o superior a 30.050 euros. La segunda, afirman las mismas fuentes, entregaba puntualmente la documentación requerida por el Ejecutivo español. Algo que ella niega. En Moncloa llamaban a Artadi "nuestra candidata" cuando se desconocía quién sería el sucesor de Puigdemont.

Otro de los casos más sonados de ceses es el de Ferran López, que sustituyó a Josep Lluís Trapero como jefe de los Mossos d’Esquadra durante el 155. Fue López quien presentó la dimisión, aunque después de varios días de indefinición por parte del consejero de Interior, Miquel Buch, quien aparentemente no se decidía ni a confirmarle en el cargo ni a destituirle.