El Tribunal Supremo atornilla a Pisarello

El Tribunal Supremo atornilla a Gerardo Pisarello para que pague a 13.000 funcionarios municipales. El alto tribunal ha dado al concejal de plazo hasta la próxima semana para que indique quién abonará los intereses de atrasos salariales a la plantilla.

En una diligencia de ordenación a la que ha tenido acceso este medio, la sala tercera contencioso-administrativa de la máxima instancia judicial comunica al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que el gobierno municipal de Barcelona en Comú (BComú) tiene diez días hábiles para que "determine el órgano responsable del cumplimiento" de una providencia que obliga a abonar hasta 35 millones a los trabajadores públicos en activo y retirados. La cifra corresponde a los intereses legales de los aumentos salariales del 1% de 2007 y 2008, que los sindicatos batallaron largamente en los tribunales hasta que finalmente lograron percibir.

"Se podría llegar a la expropiación"

La nueva diligencia del TS significa una cosa. "El Ayuntamiento de Barcelona no había llegado nunca tan lejos en un conflicto laboral. Nunca antes había recurrido hasta el Tribunal Supremo. Ahora lo ha hecho, y entramos en un terreno desconocido. Recurrió ante el alto tribunal para no pagar los intereses, y perdió. Ahora, la instancia judicial aprieta para que nombre a un organismo responsable para ejecutar la sentencia", han indicado fuentes de Acción Sindical Independiente (ASI), que reclamó lo adeudado desde 2007 por la vía judicial.

"Entendemos que el gobierno de Ada Colau tendrá a bien negociar. No obstante, si bloquea las negociaciones y se niega rotundamente a abonar lo que es nuestro, se podría llegar a una ejecución forzosa --pago obligado-- o incluso a la expropiación de bienes municipales para remunerar a la plantilla", han agregado las mismas fuentes.

Largo conflicto

El último capítulo de la presión de la justicia a Gerardo Pisarello, número dos de Colau y teniente de alcalde de Economía, llega tras una larga batalla judicial. En 2007, el Gobierno decretó un incremento salarial extra del 1% a los funcionarios, pero el Ayuntamiento, comandado entonces por Jordi Hereu (PSC) consideró que no aplicaba a la plantilla municipal, pues los empleados ya percibían el 100% de la nómina de las pagas extra. CCOO recurrió al TSJC en 2013 y ganó. Un año después, el consistorio se rascó el bolsillo y pagó el 1% --unos 70 millones-- a los 13.000 funcionarios.

Quedaron pendientes los intereses legales del pago desde 2007. El ayuntamiento litigó y argumentó ante los tribunales que no procedía su pago. ASI convenció a los magistrados de la jurisdicción contencioso-administrativa del TSJC en 2014. El consistorio recurrió al Supremo en un acto insólito. Finalmente, el alto tribunal rechazó el escrito del Ejecutivo local en abril de este año y condenó al ayuntamiento a costas. Ahora le apremia a cumplir la sentencia emitida cuatro años atrás. Le da diez días para ello.