Palo del Supremo a Colau: le obliga a pagar 35 millones a los funcionarios

Mazazo del Tribunal Supremo (TS) al gobierno municipal de Ada Colau. El Ayuntamiento de Barcelona, que comandan la alcaldesa y el resto de su equipo de BComú, deberá pagar entre 30 y 35 millones de euros a los funcionarios municipales. La cantidad se deberá abonar a unos 13.000 empleados públicos en activo y jubilados después de que la corporación perdiera un recurso en el alto tribunal.

Según la providencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo a la que ha tenido acceso este medio, el TS inadmite el recurso del Ayuntamiento de Barcelona contra la demanda de pago de los intereses legales del incremento salarial de un 1% a la función pública de 2007 y 2008, que en la ciudad fue abonado en 2016 tras una larga lucha sindical. Los seis magistrados no sólo inadmiten la demanda del consistorio --y confirman de este modo una sentencia anterior del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de julio de 2017--, sino que lo condenan a costas.

35 millones y un mazazo

Este fallo significa que el ejecutivo local de BComú deberá negociar con los sindicatos cómo abona los cerca de 30 millones en intereses de atrasos salariales. En la mesa se sentarán los grandes ganadores de la batalla: el sindicato ASI (Acción Sindical Independiente) y CCOO, que empujaron judicialmente la ejecución forzosa de un primer pago de los atrasos en 2014 y ahora obligarán al equipo de Colau a rascarse el bolsillo para abonar los intereses de once años de batalla judicial.

Providencia del Tribunal Supremo

Pinche en la imagen para consultar la providencia del Tribunal Supremo / CG

"El Supremo inadmite la existencia de intereses de demora, pero sí acepta que existen intereses legales que los empleados públicos deben percibir. Ello incluye a funcionarios y a personal laboral, a los jubilados o a sus herederos si éstos han fallecido. Desde 2007", explicaron ayer, miércoles, 9 de mayo, fuentes de ASI a este medio. "Es difícil calcular cuánto puede suponer para cada trabajador municipal, ya que depende de su categoría, pero globalmente la cantidad asciende a unos 30 o 35 millones de euros", han agregado.

Larga batalla

El conflicto es sin embargo mucho más complejo que una simple providencia del TS. En el origen del mismo se encuentra el aumento salarial de un 1% a la función pública recogido en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) aprobados por el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) para los ejercicios 2007 y 2008. En aquel momento, el Ayuntamiento de Barcelona rechazó la subida argumentando que la plantilla municipal ya cobraba el 100% de la nómina en las pagas extra, un hecho que no ocurre en otras administraciones. Una primera sentencia judicial le dio la razón en 2010.

No obstante, CCOO recurrió judicialmente y recibió un espaldarazo en 2013. El TSJC "anuló por no ser conforme a derecho la actuación del Ayuntamiento de Barcelona" y forzó a pagar el 1% de la masa salarial total al personal estatutario. No obstante, las negociaciones sobre cómo abonar los atrasos acabaron sin acuerdo y ASI buscó el amparo de un juzgado de lo contencioso-administrativo para lograr una ejecución forzosa. Un primer pago llegó en 2014: el entonces alcalde, Xavier Trias, abonó unos 30 millones de euros en concepto de subida única a los funcionarios que se encontraban en activo en 2007 y 2008.

Primer 'boquete' a las cuentas

Tras ello, no obstante, la crisis siguió abierta. CCOO planteó otro conflicto colectivo para consolidar los atrasos en las nóminas de los empleados municipales posteriores al bienio 2007-08. En abril del 2015, el Juzgado Contencioso número 14 de Barcelona dio la razón a los trabajadores. El TSJC avaló la demanda un año después. Con BComú en el gobierno municipal y Colau en la alcaldía, se ingresaron unos 90 millones de euros a trabajadores y exempleados en dos pagos en abril de 2016.

Tras ello, ASI designó a funcionarios a título individual para reclamar los intereses legales generados desde 2007 por vía judicial. El grupo de empleados y CCOO, que sigue personada en la causa, ganaron en el TSJC en julio de 2017, pero el Ayuntamiento de Barcelona, ya con los comunes en el timón, recurrió al Supremo para evitar pagar. Comisiones Obreras y los 14 litigantes presentaron un escrito de oposición a esta instancia judicial. "Nunca antes habían llevado un conflicto laboral a una instancia judicial tan elevada", destacaron ayer desde la parte demandante. El alto tribunal ha rechazado el recurso municipal y ha trazado la senda de obligatorio recorrido para abonar la última parte de los atrasos --los intereses-- al equipo de Gerardo Pisarello, concejal responsable de Economía y Trabajo. El edil deberá negociar cómo y cuándo paga, pues la vía judicial está agotada.