Los constructores sopesan recurrir la moratoria de obra nueva y grandes rehabilitaciones que propone Ada Colau para Barcelona. Los promotores advierten de que la medida, que pasa hoy lunes, 18 de junio, su primer escollo en comisión municipal, "tensionará los precios de la vivienda" en la ciudad. Además de ello ven la iniciativa ilegal, por lo que alertan de que podrían tener que "defender los derechos de sus asociados".
Así lo ha verbalizado Lluís Marsà, presidente de la Asociación de Promotores Constructores de Edificios de Cataluña (Apce) hoy en betevé. El directivo ha indicado que "será necesario ver cómo se aprueba [la moratoria de un año ampliable a dos], pero es posible que tengamos que defender los derechos de nuestros asociados". El máximo dirigente de la organización empresarial ha puesto de relieve que el parón en las obras de más de 600 metros cuadrados --vinculado a una posterior obligación de reservar el 30% de las nuevas unidades a vivienda social-- "no es legal, pues va contra las leyes catalanas de urbanismo y del suelo".
"Tensión sobre los precios"
Como ya había señalado cuando el Ejecutivo local de Barcelona en Comú (BComú) anunció la congelación de obra nueva, Marsà ha hecho hincapié en el hecho de que la intervención "tensionará los precios del mercado". Lejos de solucionar el alza continua del metro cuadrado en la capital catalana, la moratoria "agravará el problema", bajo su punto de vista.
Tras tildar de "electoralista" la medida, el presidente de Apce ha lamentado que el gobierno municipal no haya consultado con los portavoces del sector una medida de gran impacto. Cabe recordar que el equipo de gobierno de Colau sí escuchó a asociaciones como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) o el Sindicato de Barrio durante el diseño de la medida.
Nueva moratoria
El parón municipal obligado en la construcción o rehabilitación de viviendas con más de 600 metros cuadrados de superficie en Barcelona se someterá hoy a criterio de los grupos municipales en la comisión de Ecología, Urbanismo y Movilidad. El equipo de gobierno que comanda Ada Colau pretende modificar dos puntos del Plan General Metropolitano (PGM) para no otorgar licencias a la obra nueva o grandes reformas en edificios de Barcelona y para ampliar el derecho de tanteo y retracto del ayuntamiento sobre la compraventa de inmuebles.
Pendiente de la aprobación de otro punto que obligará a los promotores a reservar el 30% de los nuevos pisos a vivienda social, la de hoy lunes es la novena moratoria aprobada por el Ejecutivo local de BComú en tres años de mandato. La de más envergadura llegó en julio de 2015 y se prolongó en forma de hoja de ruta con el plan especial urbanístico de alojamientos turísticos (Peuat). Tras ello, el consistorio también limitó también la concesión de licencias de negocios turísticos en Ciutat Vella o la apertura de nuevas gasolineras durante un año, entre otros.