Centre Irídia se defiende. La asociación de defensa de los derechos humanos ha contestado a la noticia de este medio que citaba la ayudas municipales que recibió del Ayuntamiento de Barcelona asegurando que Mariana Huidobro, la madre del activista preso Rodrigo Lanza, ya no está al frente de la entidad.
En una petición de rectificación [que se puede consultar íntegra en este enlace], la entidad ha subrayado que su máxima dirigente es Carla Alsina Muro desde el pasado 23 de noviembre de 2017. Al centro, no obstante, no ha desmentido en ningún momento que Huidobro fuera fundadora del mismo ni presidiera la asociación. Ha precisado que lo hizo desde el 22 de septiembre de 2015 hasta noviembre de 2017, cuando Vall habría tomado su relevo y la expresidenta se habría "desvinculado".
Una factura y no dos el 1-O
El otro matiz que ha introducido Centre Irídia a la información de otra información de este medio, que subrayaba los talleres grupales que Irídia realizó con dinero público tras el referéndum ilegal de independencia del 1 de octubre de 2017 en Cataluña, es la corrección de un pago municipal.
Si este medio indicó que fueron cuatro las facturas que pasó el centro de abogados y activistas al ayuntamiento tras la consulta ilícita del 1-O (dos de 2.658,13 euros, una de 4.218,06 euros y otra de 1.694,00 euros), la entidad ha aclarado que fueron tres: una de 2.658,13 euros (no dos), otra de 4.218,06 euros y una tercera por valor de 1.694,00 euros, correspondiente a las citadas sesiones grupales.
Lluvia de ayudas municipales
La petición de corrección informativa de Centre Irídia, con arreglo a la ley orgánica reguladora del derecho de rectificación 2/1984 se produce después de conocerse que la asociación recibió numerosos pagos y subvenciones del Ayuntamiento de Barcelona en 2016 y 2017. Lo hizo, según denunció Ciudadanos, de diversas concejalías. La mayor de ellas (30.000 euros en 2016) se inyectó desde la tenencia de alcalde de Jaume Asens, que fue abogado de Rodrigo Lanza, hijo de la fundadora y expresidenta del centro, cuando este cumplía condena.
El activista fue condenado por participar en una reyerta en la Calle Sant Pere Més Baix en la que un agente de la Guardia Urbana quedó tetrapléjico. Lanza defendió siempre su inocencia, extremo que recalcó en el documental Ciutat Morta, que protagonizó. Actualmente, el antisistema está en custodia provisional a la espera de juicio por, presuntamente, acabar con la vida de Víctor Laínez en Zaragoza en diciembre de 2017 tras una discusión por motivos ideológicos.