Impulsado por las sentencias judiciales que han dado la razón a los ayuntamientos socialistas, el gobierno municipal de Reus (Tarragona) ha decidido acudir a la justicia para reclamar a la Generalitat el dinero que le debe en concepto de financiación de las guarderías. Se da la circunstancia de que el alcalde de esta ciudad, Carles Pellicer, pertenece a PDeCAT, por lo que se verá en los tribunales con los futuros responsables de la Consejería de Educación. Hasta ahora, este departamento estaba en manos de los convergentes, pero con el nuevo gobierno será ERC la responsable de este negociado.

Fuentes del Ayuntamiento de Reus explican que el dinero que se reclama se remonta al periodo 2013-17. Aunque esas ayudas públicas competen a la Generalitat, el consistorio tuvo que recurrir a la Diputación de Tarragona para poder sufragar los gastos de las escoles bressol sin tener que aumentar el precio de las matrículas.

Los recortes de Artur Mas

En 2011, el Govern de Artur Mas, con Irene Rigau como consejera (ambos pertenecientes al partido de Pellicer) redujo la aportación comprometida de 1.800 euros anuales por alumno de 0 a 3 años, pasando primero a 1.300 euros y después eliminando totalmente de los presupuestos la partida destinada a sufragar parte de los costes de las guarderías públicas.

Ante el silencio administrativo de la Generalitat, el Ayuntamiento de Reus ha decidido presentar un recurso contencioso-administrativo ante la Sección Quinta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. En el mismo recuerda “la obligación de dar cumplimiento al mandato legal de subvencionar el sostenimiento de plazas para niños de 0 a 3 años en guarderías de titularidad municipal”, por lo que exige el “reconocimiento del derecho del ayuntamiento a percibir 2.202.000 euros en concepto de retribución al sostenimiento de las escoles bressol municipales”.

Los precedentes

En enero de este año, este mismo tribunal dio la razón a 26 municipios catalanes que, de forma colectiva, exigieron a la Generalitat cumplir con su obligación de financiar las guarderías públicas. A mediados de diciembre, la justicia ya se pronunció favorablemente a una idéntica reclamación por parte de los ayuntamientos de Cornellà de Llobregat y L'Hospitalet de Llobregat por un valor de 2,3 millones y un millón de euros, respectivamente. Más recientemente, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, también anunció que reclamaría ante los tribunales 41,8 millones no abonados desde el curso 2013-14 al 2016-17.