Tres millones de euros para guarderías privadas, nada para las públicas

El Gobierno catalán (CDC y ERC) acaba de aprobar una partida de subvenciones a guarderías de titularidad privada que alcanza los tres millones de euros. Por el contrario, los Presupuestos de la Generalitat para 2017 no contemplan ayudas a las escuelas infantiles públicas.

A principios de febrero, el departamento de Enseñanza aprobó una resolución por la que se resolvía el concurso público para la concesión de subvenciones destinadas a la escolarización de niños de 0 a 3 años en guarderías de titularidad privada. Cerca de 200 centros repartidos por toda la geografía catalana se han beneficiado de esas ayudas, que en algunos casos superan los 36.000 euros. En total, las partidas suman cerca de tres millones de euros.

Escuelas religiosas

Una buena parte de esas guarderías son centros religiosos: Abat Oliba-Loreto (26.883 euros), Amor de Dios (13.441 euros), Corazón de Jesús (10.692 euros), Infant Jesús (36.964 euros), Jesuïtes Gràcia (26.577 euros), Mare del Diví Pastor (12.525 euros), Petit Nen Jesús de Praga (12.525 euros)… "No sé qué pensará de ello la CUP", comenta con cierta sorna la diputada del PSC, Esther Niubó, en referencia al laicismo y al rechazo a las privatizaciones de quienes darán apoyo a las cuentas de la Generalitat. Precisa que los socialistas "estamos a favor de esos conciertos porque hay que atender las necesidades de escolarización existentes y no hay plazas públicas suficientes", pero confía en que la Generalitat acepte la enmienda a los Presupuestos de la Generalitat para 2017 –cuya negociación ha entrado en su recta final. "Queremos recuperar un módulo de 1.600 euros por plaza y año en las escuelas bressol municipal".

Crisis y menos transferencias

El departamento de Enseñanza de la Generalitat sostiene que la crisis y la reducción de transferencias del Gobierno español obligaron a recortar las ayudas destinadas por el Govern a las guarderías, tradicionalmente cofinanciadas por el Gobierno catalán, los ayuntamientos y los padres. Durante el mandato de Irene Rigau, la consejería de Enseñanza eliminó sus partidas, por lo que el grueso del coste de la educación infantil recayó en los ayuntamientos, y se delegó esa responsabilidad a las diputaciones.