![El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, en una imagen de archivo / EFE](https://a1.elespanol.com/cronicaglobal/2015/03/28/politica/politica_21509468_4205363_1024x576.jpg)
El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, en una imagen de archivo / EFE
Educación investiga 80 casos de presunto adoctrinamiento en Cataluña
Decenas de familias han presentado quejas ante las direcciones de centros de enseñanza e Inspección desde el 1-O
3 mayo, 2018 08:48El Ministerio de Educación investiga unos 80 casos de supuesto adoctrinamiento en centros de enseñanza en Cataluña. Las actuaciones se han iniciado a raíz de las quejas presentadas por decenas de familias ante las direcciones de los colegios e institutos y ante Inspección de la Consejería de Enseñanza.
Estos 80 casos son los que se investigan en los tres primeros requerimientos del ministerio a la consejería.
Dos requerimientos más
Según informa este jueves el diario Ara, los casos podrían superar el centenar, ya que faltan otros dos requerimientos. La consejería ha contestado a los cinco y el Educación estudia si da por buenas las explicaciones que ofrece el Govern. De no aceptarlas, algunos casos pueden llegar al juzgado.
Los hecho ocurridos en el instituto de Sant Andreu de la Barca el 2 de octubre han sido de los que más repercusión mediática han tenido. Allí, varias familias denunciaron a nueve docentes por los comentarios que presuntamente hicieron a los alumnos hijos de guardias civiles después del referéndum.
Delitos de odio
Este caso no tiene relación con el de los ocho profesores de la Seu d’Urgell y nueve de Sant Andreu de la Barca investigados por delitos de odio. Tal como explicó el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, el miércoles desde Girona la Moncloa ha encargado informes al Departamento de Enseñanza para detectar situaciones “similares” a las del instituto El Palau de Sant Andreu de la Barca.
En este centro escolar algunos profesores se refirieron a los acontacimientos del 1-O, en concreto a las cargas policiales durante la votación del referéndum ilegal, en términos que podrían constituir un delito. Y, además, lo habría hecho en aulas donde había hijos de agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil instalados en los cuarteles próximos.