Los exconsejeros presos se suman a la campaña contra el magistrado Llarena

Josep Rull y Raül Romeva se han sumado hoy a la ofensiva que inició ayer Jordi Sànchez para arremeter contra el Tribunal Supremo y el magistrado Pablo Llarena, que instruye la causa contra diversos antiguos cargos de la Generalitat por los presuntos delitos de rebelión y malversación de caudales públicos.

Esta ofensiva se produce cuando el abogado de Carles Puigdemont anuncia que podría recusar al magistrado.

Alusiones personales

El exconseller de Territorio y Sostenibilidad Josep Rull ha acusado a Llarena de haber perdido su "prestigio" y de estar actuando en coordinación con el Gobierno. También habría hecho una proclama contra la ausencia de división de poderes en España, al manifestar que "el juicio oral será un mero trámite", y ha dejado entrever que la justicia española se guía por criterios políticos.

"No estaríamos aquí juzgados si no hubiéramos ganado las elecciones", ha asegurado en su declaración ante el juez, que ha durado unos cuarenta minutos.

Obediente con la política

En su alegato final, Rull ha cuestionado la "imparcialidad" del juez Llarena, a quien ha recriminado su "evolución" en función de los últimos acontecimientos políticos en Cataluña. Rull ha indicado que "antes" Llarena era considerado un "juez de prestigio", pero "ahora ya no", y ha denunciado que "no toma decisiones solo, sino acompañado por otros", han añadido las mismas fuentes.

Rull estaba citado desde las diez de la mañana para una declaración indagatoria ante el juez que investiga el proceso soberanista, que le ha comunicado su procesamiento por los delitos de rebelión y malversación de caudales públicos.

Tres razones

En su intervención final, Rull se ha encarado al juez para reprocharle los tres motivos por los que considera que se encuentra en prisión preventiva: porque participó en la elaboración de documentos políticos que sirvieron como base del programa electoral independentista de 2015, porque participó en reuniones en las que se hablaba del proceso soberanista, y por no dar permiso para que un buque policial atracara en el puerto de Palamós.

Las tres son razones "sin fundamento", han señalado fuentes próximas a su defensa, ya que ni redactar un documento político, ni el hecho de reunirse, ni denegar por razones "técnicas" un permiso para atracar en un puerto pueden ser considerados delitos.

Sin competencias

Raül Romeva, exconseller de Relaciones Internacionales, por su parte, ha aprovechado su intervención cuando le han comunicado el auto de procesamiento para argumentar que el Tribunal Supremo carece de competencias para investigarlo y denunciar los problemas que asegura se encuentra constantemente para acceder a las actuaciones y trabajar con su defensa.

Ha criticado que esté siendo investigado paralelamente por el juez de Barcelona que indaga los preparativos del 1-O, quien la semana pasada ordenó registrar la sede del Diplocat --entidad de la Generalitat que dependía de su conselleria-- para seguir el rastro de los pagos a observadores internacionales del referéndum ilegal, lo que podría suponer un delito de malversación.

Demócrata comprometido

Raül Romeva se ha proclamado hoy "un demócrata" comprometido con la cultura de la paz y ha denunciado ante el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena la "criminalización" del independentismo por vías pacíficas.

Tras reivindicar que en el Parlament se puede discutir cualquier idea política y que los diputados están amparados por la "inviolabilidad", Romeva ha criticado ante Llarena la actuación policial para impedir el referéndum del 1 de octubre, que a su parecer fue "desproporcionada".

Para el exconseller, una votación popular "masiva" como la del 1-O no podía reprimirse por la fuerza, teniendo en cuenta además que la celebración del referéndum no era delictiva.