Llarena procesa por rebelión a Puigdemont, Junqueras y a sus colaboradores más cercanos

El juez instructor de la macrocausa contra el proceso independentista catalán, Pablo Llarena, ha anunciado este viernes que procesa por rebelión a los dos líderes de este movimiento, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras. Acusa del mismo delito a sus colaboradores más cercanos: Joaquim Forn (PDeCAT), exconsejero de Interior; Josep Rull (PDeCAT), el entonces responsable de Territorio; Jordi Turull (PDeCAT), de Presidencia y candidato a la investidura; Dolors Bassa (ERC), exconsejera de Trabajo y Servicios Sociales; Toni Comín (ERC), de Salud; Clara Ponsatí (independiente), que entró al final del procés como responsable de Enseñanza; y Raül Romeva (ERC), en el departamento de Exteriores.

También deberán responder ante el Tribunal Supremo del mismo delito la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell (ERC); la secretaria general de ERC que este mismo viernes ha dejado España; Marta Rovira; y los líderes de las organizaciones independentistas Òmnium Cultural y ANC que están ya en prisión provisional.

Es decir, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez. Este último fue en el número dos de la lista de Barcelona por Junts per Catalunya en las elecciones del 21D y renunció a su acta de diputado la semana pasada, tras quedar claro que su candidatura a la investidura no era viable.

Otros miembros del Gobierno

La actividad política que han mantenido en los últimos meses ha sido clave en las acusaciones en el Tribunal Supremo. Meritxell Borràs (PDeCAT), Lluís Puig (PDeCAT), Santi Vila (exPDeCAT), Meritxell Serret (ERC) y Carles Mundó (ERC), también miembros del Ejecutivo catalán en la pasada legislatura, sólo han sido acusados del delito de malversación de caudales públicos y de desobediencia.

No se les imputa el de rebelión. Una situación mucho más ventajosa por sus intereses personales, ya que en medios judiciales se especula con que no deberán pisar la cárcel.

Fianza de 2,1 millones

Los 14 miembros del último Gobierno catalán que aparecen en el auto de magistrado del Supremo deberán desembolsar una fianza de responsabilidad civil de 2,1 millones de euros. Es decir, Puigdemont, Junqueras, Forn, Turull, Romeva, Ponsatí, Rull, Comín, Bassa, Borràs, Puig, Mundó, Vila y Serret.

Cifra que se calcula a partir del presunto coste de organizar el referéndum del 1-O, que ascendió a los 1,6 millones de euros. A esta cantidad se le suma un tercio del montante total de acuerdo a la ley para este tipo de fianzas “para asegurar responsabilidades pecuniarias”, tal y como indica el instructor.

Acusación de desobediencia

Hay otros siete acusados por el delito de desobediencia. Los miembros de la mesa del Parlament que hicieron oídos sordos a las decisiones del Tribunal Supremo y decidieron someter a valoración del pleno las llamadas leyes de desconexión. Un grupo conformado por Lluís María Coromines (PDeCAT), Lluís Guinó (PDeCAT), Anna Simó (ERC), Ramona Barrufet (ERC) y Joan Josep Nuet (EUiA).

Además de dos diputadas de la CUP que presuntamente pertenecieron en el comité estratégico para proclamar la independencia. Mireia Boya y Anna Gabriel, esta última huida también a Suiza aunque los delitos de desobediencia no se pagan con pena de cárcel.

No resultan procesados ni el predecesor de Puigdemont en el cargo, Artur Mas, ni a la líder de la Asociación de Municipios por la Independencia, Neus Lloveras, ni la líder del PDeCAT Marta Pascal.