Marta Rovira ha anunciado su fuga de la justicia en una carta enviada a los militantes y simpatizantes de ERC. La secretaria general de los republicanos ha indicado en la misiva que no comparecería a la vistilla convocada por el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, en la que el magistrado anunciará a las defensas de los exmiembros del Govern Jordi Turull, Josep Rull, Dolors Bassa, Raül Romeva; a la de la dexpresidenta del Parlament, Carme Forcadell y a la de la propia Rovira el estado de la instrucción. Los acusados también estaban citados para escuchar nuevos cargos contra ellos.
En el mensaje público, Rovira ha señalado que no acudiría a la vistilla ya que "emprende un duro camino, el del exilio". Lo hace, asegura, por "un estado que se salta el estado de derecho y las libertades civiles para conseguir sus fines políticas".
"Triste"
En la carta, la dirigente independentista se confiesa "triste por alejarse de la gente que quiere" y asegura que "se ha rodeado de personas con las que le unía un único objetivo: cambiar la sociedad en la que vivimos". Agrega que siente desazón, pero "mucho más triste hubiera sido vivir silenciada interiormente". Indica que "su libertad de expresión sería censurada por unos tribunales que intimidan y aplican --descaradamente-- criterios políticos".
Sostiene que "cada día, cada hora, sentía mi libertad limitada por amenazas judiciales arbitrarias". Según ella, "no se sentia libre, no se reconocía. Estas últimas semanas viví dentro de una prisión interna". Bajo su punto de vista, el "exilio", como lo llama, "será duro, pero es la única forma que tengo de recuperar mi voz política".
Pleno del jueves, el último
Cualesquiera que sean los pretextos de Marta Rovira, el pleno de investidura de ayer, jueves 22 de marzo, podría haber puesto fin a su carrera política. La secretaria general de ERC será ahora una prófuga de la justicia y, previsiblemente, el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, dictará una orden de búsqueda y captura contra ella en territorio nacional.
Queda por ver si el magistrado también emitirá una euroorden de detención, a la espera de que se aclare qué país, y si es europeo, elige la política independentista para huir de la justicia, que la acusa de varios cargos, el más grave el de rebelión, en la macrocausa que juzga la preparación del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 en Cataluña y la posterior declaración de secesión fallida del 27 de octubre del mismo año.