Urdangarin agota sus bazas e implorará el perdón del Tribunal Supremo

12 años. Es el tiempo exacto que ha transcurrido desde que, a principios de 2006, comenzasen a ser cuestionadas públicamente las actividades privadas desplegadas por Iñaki Urdangarin a través de la entidad que presidía bajo la apariencia de ONG, el Instituto Nóos. Hace ocho, el juez José Castro entraría en escena: lo hacía para investigar a fondo los negocios del exduque de Palma (Mallorca) y sacar a la luz hechos que no sólo conducirían al banquillo al yerno del rey Felipe, sino también a su mujer, la infanta Cristina. Hace dos, entre enero y junio de 2016, se celebraría el macrojuicio que por primera vez contaría entre sus acusados con un miembro de la Familia Real. Junto al matrimonio, otros 15 encausados fueron enjuiciados en uno de los procesos más complejos y mediáticos de las últimas décadas.

Mañana, el caso Nóos protagonizará el que será su episodio clave. Si todo comenzó en la capital balear, donde afloraron las dudas en torno a los negocios de Urdangarin, se llevó a cabo la instrucción de la causa y se dictó en febrero del pasado año la sentencia de 741 páginas que libró de la cárcel a Cristina de Borbón --la acusación popular ejercida por Manos Limpias reclamaba para ella ocho años de prisión como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales-- y condenó a su esposo a seis años y tres meses y al exsocio de éste, Diego Torres, a ocho años y medio, ahora será el Tribunal Supremo el que, este miércoles, se encargará de revisar los recursos formulados por los procesados para anular sus penas. También los de la fiscalía, que solicita el incremento de las mismas.

El futuro penitenciario pende de un hilo

El futuro penitenciario de Urdangarin pende de un hilo, aunque en esta vistilla su defensa tendrá una última oportunidad de rebatir los delitos que pesan sobre él: prevaricación, falsedad, malversación de caudales públicos, fraude, tráfico de influencias y dos delitos contra Hacienda. También la de Torres, a quien la Audiencia Provincial de Baleares, cuyas magistradas Samantha Romero, Eleonor Moyà y Rocío Martín, fueron las encargadas de redactar la sentencia impugnada, le atribuyó además blanqueo de capitales y, con ello, le impuso dos años y tres meses más que al suegro de don Juan Carlos. Fue quien se llevó la peor parte.

La Fiscalía del Supremo, sin embargo, solicita que el alto tribunal eleve los castigos. En el caso del exduque, hasta los diez años de prisión. En concreto, cinco años por malversación continuada, dos por fraude a la administración, uno por tráfico de influencias y otros dos por sendos delitos fiscales. Considera que la contratación del Instituto Nóos por parte de las Administraciones públicas obedeció únicamente “a la identidad de don Iñaki Urdangarin y exclusivamente en relación con su condición de yerno del entonces Rey de España”.

La defensa del inculpado apelará a su inocencia, como ha hecho desde que germinaron las investigaciones: era un simple mediador sin conocimientos de derecho administrativo que, por tanto, desconocía los entresijos de la contratación con las instituciones. Su estrategia es la misma que la mantenida a lo largo de todos estos años: nunca controló las cuentas de Nóos y jamás se adentró en los pormenores de las adjudicaciones para conocer de antemano si éstas podían ser ilícitas o no.

El Constitucional, posible baza

En caso de que finalmente el exduque resulte condenado, una decisión que, previsiblemente, el Supremo adoptará pasadas varias semanas de deliberaciones, será la Audiencia balear la que determine su ingreso inmediato en prisión. Para entonces al acusado aún le quedará una baza: acudir en amparo al Tribunal Constitucional, lo que permitiría retrasar su encarcelamiento.

En cualquier caso, es significativa la petición del ministerio público, considerablemente inferior a los 19 años y medio que, tanto al inicio como al término del juicio, planteó el entonces fiscal anticorrupción Pedro Horrach, quien consideraba a Urdangarin artífice, junto a Torres, de urdir un entramado societario dirigido a apoderarse de ingentes cantidades de dinero público mediante facturaciones ficticias y la fijación de precios totalmente desproporcionados en relación con el servicio que ofrecían.

Parte de las investigaciones, por tierra

Ni los hechos delictivos puestos sobre la mesa tras más de cuatro años de instrucción ni la solicitud de Horrach impidieron que la Audiencia balear, finalmente, condenase a la baja a los principales acusados mediante una resolución diluida que echó por tierra buena parte de las pesquisas: si durante la tramitación de las mismas los investigadores determinaron que Urdangarin y Torres malversaron hasta seis millones de euros procedentes de las arcas de Baleares, Comunidad Valenciana y Madrid, la sentencia no vio delito alguno en los hechos indagados en torno estas dos últimas autonomías y, respecto a las islas, fijó en tan sólo 445.000 euros los fondos desviados a Nóos por la creación de un Observatorio Permanente de Deporte y Turismo que nunca llegó a funcionar.

¿Qué sucedió para que el tribunal tumbara de tal forma lo sostenido hasta entonces? A su juicio, las cantidades pagadas al instituto presidido por Urdangarin por los distintos eventos organizados en las tres comunidades no eran desmesuradas, como habían mantenido los investigadores: ni los 2,3 millones de euros abonados por el Gobierno de Jaume Matas para la celebración de los denominados Illes Balears Forum en 2005 y 2006 --cuya tramitación sí determina que se realizó sin mediar expediente alguno--, ni los 3,6 millones destinados a las tres ediciones de la cumbre Valencia Summit ni los 144.000 euros con los que fue sufragada la organización de la candidatura olímpica de Madrid 2016.

Esto último conllevó la absolución de los cinco procesados de la rama valenciana que se sentaron en el banquillo: el exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau, los exdirectores generales de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) Jorge Vela y su sucesor José Manuel Aguilar; la exdirectora de gestión de la entidad Elisa Maldonado y el exsecretario autonómico de Turismo y Proyectos Estratégicos de la Generalitat Valenciana Luis Lobón.

La trama valenciana

No obstante, el futuro procesal de todos ellos es un enigma, puesto que la fiscalía del TS recurrió su exoneración y, durante la vista de este miércoles, alegará que los convenios para el impulso de los Valencia Summit fueron tramitados de forma ilegal y que, excepto Grau, el resto de exaltos cargos intervinieron en las irregularidades cometidas para favorecer a Nóos. Tal es la gravedad de los hechos, según la acusación pública, que ésta reclamará cinco años de cárcel para Vela y Maldonado así como la inhabilitación de Aguilar y Lobón.

Otro de los acusados que se jugará su futuro a nivel judicial es Jaume Matas, quien hasta el momento ha sido juzgado en seis ocasiones a raíz de las contrataciones irregulares que, de acuerdo a las distintas sentencias que le han condenado, auspició durante la que fue su segunda y última legislatura (2003-2007). El exministro de Medio Ambiente fue sentenciado a tres años y ocho meses de cárcel por decidir de forma unilateral “beneficiar al entramado Nóos”, pero la Fiscalía quiere que el Supremo incremente un año su condena.