Los ‘indepes’ confían en que los jueces les hagan el trabajo sucio

La judicialización de la política está resultando muy beneficiosa para los independentistas. Tanto que habían criticado la intervención de los tribunales en el conflicto catalán, las formaciones secesionistas se encomiendan ahora a los jueces para salir de su autobloqueo.

Incapaces de formar gobierno, Junts per Catalunya y ERC permanecen a la espera de que el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo se pronuncien sobre el agónico proceso de investidura, aplazado ya dos veces. Mientras tanto, la Mesa del Parlament gana tiempo con resoluciones que poco o nada aportan a ese problema, más allá de lanzar guiños a la CUP –reforma de la ley de presidencia y del Govern para poder votar a distancia— y simular algo de actividad parlamentaria –convocatoria de un pleno ordinario sin fecha y sin contenido claro--.

Reunión del TC

Hoy está previsto que se reúna el pleno del Tribunal Constitucional, en cuyo orden del día figura la petición de medidas cautelares del PSC que permitan desbloquear la legislatura. Esta petición fue presentada la semana pasada por los socialistas ante el alto tribunal después de que el presidente del Parlament, Roger Torrent, aplazara el pleno de investidura del candidato Jordi Sànchez, presidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) encarcelado en Soto del Real.

Torrent tomó esta decisión después de que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena rechazara conceder un permiso penitenciario para que Sànchez acudiera a ese pleno. Era la segunda vez que Torrent tomaba esta decisión, pues el 30 de enero aplazó una primera sesión plenaria ante la imposibilidad de que el fugado Carles Pugdemont fuera investido presidente. Fue entonces cuando el PSC presentó su recurso de amparo, al que posteriormente se adjuntó el escrito de medidas cautelares.

Fuentes del TC explican a Crónica Global que el pleno durará tres días y que no es habitual que se adopten medidas cautelares sin que se haya dictado sentencia al respecto. El PSC pide a los jueces que determinen si el reloj se ha puesto en marcha, es decir, si los plazos para nombrar presidente avanzan.

Comparecencia ante el TS

En paralelo, Sànchez y el exconsejero de Interior Joaquim Forn declaran hoy en el Supremo, que debe resolver los recursos de apelación contra la decisión del juez Pablo Llarena de mantenerles en prisión.

Si el TS dejara en libertad a Sànchez, ya no habría obstáculo para que asistiera a su investidura, dado que sus derechos civiles están intactos. Pero si no es liberado, JxCat y ERC deberán pactar otro candidato. Todas las miradas están puestas en Jordi Turull, el exconsejero de Presidencia. También tiene causas penales pendientes. De hecho también pasó varias semanas en prisión preventiva. No es un presidenciable que agrade a la CUP, cuyos votos son necesarios para lograr una mayoría parlamentaria independentista. De momento, ni Puigdemont ni Toni Comín piensan ceder su escaño para permitir que la lista corra, lo que garantizaría una mayoría necesaria sin necesidad de recurrir a los cupaires.

Hoy por hoy, los antisistema mantienen su abstención. De nada ha servido que JxCat haya propuesto una cuestión de confianza a media legislatura para medir el grado de cumplimiento secesionista del futuro gobierno. Y queda por ver si sirve de algo el gesto de Torrent, que ayer admitió a trámite la propuesta de reforma de la ley de presidencia y del Govern impulsada en febrero por JxCat para que la Cámara pueda hacer investiduras a distancia. Ciudadanos y PSC ya han anunciado que presentarán un recurso de reconsideración sobre esa admisión a trámite.

A la medida de Puigdemont

Esa reforma se propuso a la medida de Carles Puigdemont --ahora serviría para Sànchez-- y por la vía de urgencia, algo que los letrados del Parlament rechazaron porque entraba en contradicción con las directrices del TC. Otra cosa es que, una vez rechazadas las impugnaciones de la oposición –algo previsible, pues los independentistas son mayoría en la Mesa--, que ya adelantan que acudirán al Consejo de Garantías Estatutarias, esa reforma sea votada en el pleno ordinario previsto para después de Semana Santa. Un pleno pedido por todos los grupos, entre otros motivos, para que el propio Torrent comparezca y explique cómo piensa desbloquear la investidura. Pero el dirigente republicano no tiene intención de hacerlo.