La Síndica de Barcelona riñe a Colau por la falta de vivienda pública

La Síndica de Barcelona ha apremiado al gobierno municipal de Ada Colau a promover más vivienda pública. Maria Assumpció Vilà ha llamado al ayuntamiento de la Ciudad Condal a "planificar y priorizar presupuestariamente la adopción de medidas destinadas a políticas sociales de vivienda". 

La defensora de los vecinos ha enviado el mensaje hoy viernes, 9 de marzo, durante la presentación del balance de 2017 de su oficina. El informe revela que la Síndica recibió 1.702 quejas, de las cuales el transporte público (265), los servicios sociales (170) y la vivienda y dignidad (161) fueron los principales motivos de descontento. Con lo que respecta a este último capítulo, Vilà ha recalcado que los barceloneses tienen dos grandes problemas para acceder a un piso: el incremento de precios del alquiler privado y la falta de oferta pública de viviendas de protección oficial. Ante este escenario, la Síndica ha emplazado al gobierno de Colau y a la Generalitat a trabajar conjuntamente para lograr el "objetivo de solidaridad urbana del 15% de viviendas principales en Barcelona antes de 2027".

Más personas sin hogar

Relacionado con este aspecto, la Síndica ha anunciado que ha iniciado una actuación de oficio ante el incremento de personas sin hogar en la capital catalana. La oficina de Vilà contabiliza 1.024 personas que duermen en la calle, más otras 1.954 alojadas en equipamientos para ciudadanos en situación de vulnerabilidad. "Estos hechos confirman la tendencia al alza de los ciudadanos sin techo", ha lamentado la defensora vecinal.

La intervención de la fiscalizadora de políticas públicas buscará "adecuar los servicios municipales especializados en intervenir en estas situaciones". Según Vilà, "es preciso trabajar desde la prevención mediante modelos transversales y con una visión muy amplia". Antes, su oficina ha detectado una "inquietud ante la confirmación de que hay vecinos que siguen en estas condiciones y la insatisfacción por la calidad de los servicios municipales de atención a las personas sin hogar".

Guardia Urbana y narcopisos

Una de las recomendaciones principales de la Síndica de Barcelona al Ejecutivo local de BComú es el de aumentar el número de agentes de la Guardia Urbana. "Recomendamos ampliar la dotación de efectivos del cuerpo para prevenir infracciones administrativas y penales, velar por el cumplimiento de las ordenanzas municipales y cooperar en la resolución de los conflictos privados", ha indicado la portavoz del organismo de defensa del ciudadano.

Es precisamente en una de las zonas calientes de la Ciudad Condal, la Illa Robadors, donde se concentra un número indeterminado de prostíbulos y narcopisos, donde la Guardia Urbana podría actuar, según Vilà. "Los vecinos reclaman más agentes de policía en la zona y denuncian la situación de inseguridad que viven en el barrio del Raval. Consideran que se hace un uso intensivo del espacio público vinculado al negocio de la prostitución, que hay un incremento de jeringuillas y consumo de tóxicos", ha concluido.

Pisarello, el que acumula más quejas

Por áreas de la administración municipal, el departamento del primer teniente de alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello, es el que acumula más quejas de ciudadanos. A su concejalía están adscritos el Instituto Municipal de Hacienda (163 reclamaciones) y el área de Trabajo, Economía y Planificación Estratégica (114).

El Instituto Municipal de Servicios Sociales, que pende de la concejalía de Derechos Sociales, que comanda Laia Ortiz, sumó 107 denuncias en 2017, mientras que el departamento de Movilidad, que dirige Mercedes Vidal, concejal del área, encajó 105 reclamaciones de vecinos.