Cerca de 50.000 empresas españolas están obligadas a auditar sus cuentas. Los profesionales encargados de verificar esa información se juegan su prestigio, pues tienen un papel decisivo en la persecución de la corrupción en el ámbito privado y público. El presidente del Colegio de Censores Jurados de Cuentas de Cataluña, Daniel Faura, que agrupa a estos profesionales, advierte en una entrevista con Crónica Global de la personalidad de estos defraudadores. "Son seductores, falsos, ingeniosos, dominantes, manipuladores, obsesionados por una ambición desmesurada, por la codicia". Faura ha participado en el 1er Congreso Nacional Antifraude celebrado esta semana en Madrid.

—Pregunta. ¿Se hace caso de la labor de los auditores?

—Respuesta. El trabajo del auditor, que consiste en verificar la información financiera presentada por las empresas, concluye con un informe en el que se pone de manifiesto la opinión del auditor sobre si aquellas cuentas reflejan la imagen fiel de la situación económica de la empresa, pero al mismo tiempo el auditor evalúa cómo gestiona la empresa sus riesgos y sus controles internos, sugiriendo propuestas de mejora, que en la mayoría de los casos son implementadas por las compañías. En España, unas 50.000 empresas tienen la obligación anual de auditar sus cuentas, que para poder ser depositadas en el Registro Mercantil deben ir acompañadas del informe del auditor. De no hacerlo no son admitidas por el citado registro público. Existen estudios que demuestran que, en las empresas auditadas, el riesgo de fraude disminuye, comparativamente con las no auditadas. No siendo obligación del auditor detectar el fraude, su labor es claramente preventiva.

Es necesario consolidar unas instituciones públicas con plena y real separación de poderes, dotarse de instrumentos de control efectivos, promover canales de transparencia real accessible a la ciutadanía

—¿Se puede comparar el volumen de corrupción en Cataluña con el resto de España?

—No existen publicados estudios concretos comparados territorialmente en España sobre la comisión de fraudes, pero en mi opinión el fraude en general tiene poco o nada que ver con los territorios, los fraudes están estrechamente relacionados con la condición humana, su complejidad, y con las oportunidades para cometerlos. Un individuo sometido a presión, por necesidades sobrevenidas, adicciones, ambición personal desmesurada, si encuentra oportunidades facilitadas por controles débiles o inexistentes, y culturas empresariales poco éticas, es un candidato a defraudar en cualquier entorno.

En cuanto al relacionado con el sector público, por lo general se produce por colusión y connivencia con el sector privado, ya sea en casos de contratación de obras y servicios, o en expedientes de urbanismo. La necesidad de financiación y la opacidad de las finanzas de los partidos políticos que han tenido responsabilidades de gobierno (aquí y allí)  ha sido uno de los pretextos que ha facilitado lamentables episodios en proceso judicial o ya juzgados.

—¿Cree que el ciudadano tiene poco nivel de exigencia con este tipo de fraudes? 

—Uno de los déficits más importantes a nivel individual y colectivo es el de integridad, en el sentido de actuar haciendo el bien, con probidad, siendo poco coherentes entre lo que pensamos, decimos y hacemos, siendo capaces de criticar comportamientos ajenos y públicos, y al mismo tiempo participando en pequeñas, o no tanto, corruptelas, defraudando a la Hacienda pública, o justificando gastos inexistentes o exagerados. La responsabilidad del control público corresponde en primer lugar a los órganos internos y externos creados para ello, que deben ser independientes y competentes, y disponer de recursos suficientes para poder ejercer su cometido. Pero también son precisos unos medios de comunicación solventes, libres y no hipotecados política o financieramente, que ejerzan en la medida que les corresponde su función social de publicación y difusión.

—¿Cuál es el perfil del defraudador?

—Todos los estudios publicados por distintas organizaciones a nivel mundial coinciden en una serie de rasgos que definirían al defraudador que se da con mayor frecuencia sobre todo en los fraudes de cantidades más espectaculares: más del 70% son hombres, de entre 35 y 55 años, con estudios universitarios, ocupando puestos de responsabilidad en las empresas y organizaciones, con una antigüedad superior a cinco años en la misma entidad, gozando de la confianza del más alto nivel, y actuando en connivencia con otros. Un elemento muy común también es su personalidad: seductores, falsos, ingeniosos, dominantes, manipuladores, obsesionados por una ambición desmesurada, por la codicia, y con capacidad de autojustificación y autolegitimación de sus desviadas actuaciones.

Los defraudadores son seductores, falsos, ingeniosos, dominantes, manipuladores, obsesionados por una ambición desmesurada, por la codicia, y con capacidad de autojustificación y autolegitimación de sus desviades actuaciones

—¿Qué mejoras deberían aplicar para combatir el fraude en organizaciones públicas y privadas?

—Volviendo a la necesidad de fomentar la integridad como valor social, es fundamental difundir los valores y la ética a todos los niveles, desde la familia, la escuela, la universidad, las empresas. Potenciar debates y discusiones abiertas sobre dilemas éticos, difundiendo códigos éticos, premiando las buenas prácticas. Consolidar unas instituciones públicas con plena y real separación de poderes, dotarse de instrumentos de control efectivos, promover canales de transparencia real en los que se divulgue información relevante, comprensible y accesible a la ciudadanía, crear y difundir canales de denuncia que garanticen la confidencialidad y protección de los denunciantes y alertadores.

—¿El fraude está cada vez más sofisticado?

—Cierto, hasta ahora los fraudes más comunes estaban relacionados con: apropiación indebida de activos, sobornos y corrupción, compras y contratación fraudulenta, información financiera fraudulenta, blanqueo de capitales, fraude fiscal, competencia ilícita. Las nuevas tecnologías ofrecen ahora mayores posibilidades de prevención y detección de los fraudes citados, a través de la circulación encriptada de transacciones, la minería de datos y la posibilidad de acceso universal a los mismos, pero al mismo tiempo constituyen también nuevas oportunidades de actuación para los defraudadores. Se estima que en este año 2018, los fraudes más voluminosos y de mayor frecuencia en las empresas serán los relativos a ciberataques, uso de criptomonedas, y robo de identidad de consumidores.