La reforma federal del PSOE pierde apoyos entre los expertos tras el 1-O

El acuerdo entre PP, PSOE y Ciudadanos para aplicar el artículo 155 de la Constitución e intervenir la autonomía catalana tuvo como contrapartida la creación de una comisión en el Congreso de los Diputados para la evaluación y modernización del Estado autonómico.

El PSOE es quien abandera la demanda para abordar una reforma de tipo federal que rebaje la tensión con los independentistas y, de esta forma, acomodar a todos aquellos catalanes que consideran que el modelo autonómico actual ha quedado obsoleto.

Más centralismo

La mayoría de ponentes de la comisión, sin embargo, están apostando por reforzar el Estado tras constatar que éste fue incapaz de frenar las acciones del Gobierno de la Generalitat que se desarrollaron fuera del marco legal.

Si antes del referéndum ilegal del 1 de octubre y la declaración unilateral de independencia los expertos eran más proclives a explorar la vía federal, por lo que se desprende de sus intervenciones en la Cámara Baja, sus posiciones han virado hacia opciones más centralistas y en la reducción de las competencias de las comunidades autónomas.

Padres de la Constitución

Miquel Roca Junyent, José Pedro-Pérez Llorca y Miguel Herrero de Miñón rechazaron una reforma que respondiera a atajar el clima actual. Menos aún si su motivación es contentar a los independentistas. El exdirigente de CiU no se plantea ni la clasificación de competencias. Se limitó a reconocer las diferentes sensibilidades pero sin determinar el alcance político de las mismas.

Por su parte, los otros dos padres de la ley suprema invitados a participar en la comisión, Pérez Llorca y Herrero de Miñón, rechazaron de forma explícita el federalismo al considerar que cualquier reforma debe ir en dirección de integrar más España. La educación fue uno de los temas que destacaron para lograr ese objetivo.

El 1-O lo cambió todo

La tercera sesión de la comisión contó con otros expertos, pero la tónica era la misma. El presidente del Consejo de Estado, José Manuel Romay Beccaría, sostuvo que el Estado tenía que otorgarse más competencias para “garantizar la igualdad, la solidariad y la cooperación”. Asimismo, consideró que el desafío secesionista no se soluciona con una reforma de la Constitución.

El director general del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Benigno Pendás, se mostró contrario al blindaje de los actuales estatutos autonómicos e instó a determinar cuáles han de ser “las competencias intransferibles e indelegables” de la administración central.

El presidente del Centro de Estudios Sociológicos (CIS), Cristóbal Torres Albero, afirmó que la mayoría de españoles, tal y como muestran las encuestas, optan por mantener el Estado de las autonomías. Reconoció, no obstante, que a raíz del 1 de octubre han aumentado las posiciones de reducir las competencias regionales.

Solo el exministro socialista de Administraciones Públicas Jordi Sevilla se mostró abiertamente a favor de reformar la Carta Magna: "Si me lo permiten, yo les diría que hay que reformar la Constitución, pero no lo hagan si no están dispuestos a llegar a acuerdos".

¿Y los partidos?

Ha tenido que ser durante la cuarta sesión del miércoles pasado, con la presencia destacada del historiador José Álvarez Junco, que se explicitaran las deficiencias o errores del Estado para haber llegado a la situación actual.

Los partidos, sin embargo, continúan enrocados en sus diferentes posiciones. No parece que esta comisión sirva para llegar, ni siquiera, a un acuerdo de mínimos.