Fue la gota de colmó el vaso. La cúpula republicana, reunida el pasado lunes, interpretó la petición de amparo presentada por Carles Puigdemont ante el presidente del Parlament como una declaración de guerra. En ella, el convergente hizo valer su supuesta inmunidad para exigir ser investido.

ERC hizo piña entorno a Roger Torrent y avaló su idea de aplazar la investidura del expresidente, a riesgo de ser acusados de traidores. “¿Tú, inmunidad; y yo, a la cárcel? Ni hablar”, fue la reflexión coral que hicieron los republicanos, especialmente Torrent.

El pulso entre ERC y Junts per Catalunya viene de lejos, pero se acentuó tras el nombramiento de Torrent como presidente del Parlament. Un cargo que, en base al reparto del poder entre ambas formaciones, correspondía a los republicanos y que, casi por descarte, asumió Torrent, después de que Carme Forcadell y Carles Mundó renunciaran. Lo hicieron por su situación judicial, que ahora podría heredar el exalcalde de Sarrià de Ter si desobedece al Tribunal Constitucional.

Lealtad a Puigdemont

Varios dirigentes de JxCAT, alineados con la CUP, habían instado a Torrent en los días previos a la fecha señalada para la investidura a que fuera leal a Puigdemont, el “presidente legítimo” y candidato elegido por las urnas. La presión era máxima y los republicanos no escondían su incomodidad ante las pretensiones de Puigdemont de reeditar un mandato de confrontación con el Estado que prolongaría la aplicación del artículo 155.

Hasta que, el pasado lunes, todo se precipitó. Puigdemont, en una vuelta de tuerca a ese órdago contra ERC, envió una carta a Torrent en la que pedía su amparo. "De acuerdo con el Reglamento del Parlament de Cataluña (art 4) tengo el derecho de asistir a los debates y a las votaciones del pleno, y de acuerdo con el Estatut de Autonomía de Cataluña (art 57) y el propio Reglament (art 22) gozo de inmunidad con el efecto concreto de que no puedo ser detenido si no es en caso de delito flagrante”.

La apelación a esa supuesta inmunidad, que coincidió con la reunión de la permanente del partido, fue la excusa que necesitaba ERC para hacer frente a Puigdemont. “El expresidente estaba exigiendo que Torrent fuera a la cárcel para defender su inmunidad. Es decir, perpetuar el encarcelamiento de dirigentes de ERC mientras Puigdemont permanece en Bruselas”, explican una fuente del entorno republicano. Recuerdan lo obvio: que mientras los convergentes están en la calle, Oriol Junqueras sigue en prisión. Torrent no pudo informar de sus razones al fugado, pues como se sabe, no le cogió el teléfono.

Argumentos que no se sostienen

Los argumentos del candidato de Junts per Catalunya no solo indignaron a la cúpula de ERC, sino que, jurídicamente, no se sostienen. “La inmunidad sólo se refiere a la detención policial, y no a la orden de un juez. Si fuera así, un diputado nunca podría ingresar en prisión ya que si no lo hace voluntariamente nunca se le podría detener por orden del juez. Inmunidad no significa impunidad”, explica Pere Lluís Huguet, expresidente del Consejo de la Abogacía Catalana y fundador de la plataforma Llibertats.

Asimismo, el protocolo de acceso policial al Parlament también desmonta los argumentos de Carles Puigdemont y sus abogados. Esta norma precisa que la policía no puede acceder a la Cámara autonómica con la pretensión de practicar la detención de un diputado. “Cosa diferente es que el tribunal competente acuerde la prisión provisional de un diputado y en caso de que no sea atendida voluntariamente, se ordene la ejecución de la resolución a la policía judicial”, indica el texto.

Frustrada investidura

Ante estas nuevas argucias jurídicas del exalcalde de Girona, Torrent, con el apoyo de su partido, decidió aplazar el pleno sine die a la espera de poder celebrar una investidura con garantías jurídicas. Lo hizo a riesgo de las críticas que, preveían, lanzarían los nuevos convergentes y el propio Puigdemont, quien tras la frustrada investidura, colgó un vídeo en las redes sociales en el que acusó al presidente del Parlament de “rendirse al Estado” con su negativa a desacatar la resolución del Tribunal Constitucional. Esta dice que Puigdemont no puede delegar el voto y que, si quiere ser investido, debe acudir en persona a la Cámara catalana, previa autorización del juez del Tribunal Supremo que instruye su querella.

Una manera suave de acusar a los republicanos de traición. No hizo falta decir nada más pues, previamente, el entorno de Puigdemont, apoyado de nuevo por la CUP, hizo un llamamiento a la movilización de la ciudadanía a favor de la investidura del expresident y contra la medida acordada por Torrent.