La sentencia del 'caso Palau' también salpica a Puigdemont

No va a resultarle fácil a Carles Puigdemont desvincularse del caso Palau. Y no solo porque la oposición política ya le pide explicaciones, sino porque, oficialmente, el expresidente catalán pudo presentarse a las elecciones del 21D gracias a la coalición electoral formada por PDeCAT y CDC. La sombra convergente sigue siendo alargada y ha alcanzado a Puigdemont, que sin el apoyo económico y mediático de la vieja convergencia, no hubiera podido ser cabeza de lista de Junts per Catalunya.

Escrito de constitución de la coalición electoral Junts per Catalunya / CG

La sentencia del caso Palau hecha pública ayer, que confirma oficialmente la financiación irregular de CDC mediante el cobro de comisiones por adjudicación de obra pública, ha resucitado los fantasmas del pasado convergente. Artur Mas dimitió como presidente del PDeCAT hace una semana, aunque durante estos últimos días se ha dedicado por activa y por pasiva a asegurar que CDC ya pagó un precio muy alto por esa corrupción ahora probada: su autodisolución. Y a pesar de ser secretario general de CDC durante las fechas del expolio, asegura que no era responsable de las finanzas del partido.

Ninguna medida anticorrupción

Por su parte, Puigdemont ha enmudecido tras hacerse pública la sentencia, como si los casos de corrupción que afectan a CDC no fueran con él, a pesar de que ya era diputado convergente cuando estalló el escándalo del caso Palau. Es más: a pesar de ser bendecido por la CUP como sucesor de Mas, durante su mandato como presidente fue acorralado en varias ocasiones por los antisistema, que le echaron en cara que no implementara ninguna de las 51 medidas anticorrupción que Artur Mas anunció en febrero de 2013. “Estaremos atentos a las causas y si hay consecuencias, actuaremos”, aseguró Puigdemont.

Hay consecuencias, lo dice la sentencia hecha pública ayer por la Audiencia de Barcelona, que ha condenado al exgerente de CDC, Daniel Osàcar, y a devolver 6,6 millones de euros ingresados de forma ilegal. Pero PDeCAT, que se desvincula de los hechos por considerarse un partido diferente a CDC, precisa que la sentencia no es firme, por lo que defiende la presunción de inocencia de los acusados.

Sin embargo, toda la oposición ha hecho extensivas las responsabilidades políticas del caso Palau a Mas y Puigdemont. PSC, PP, Ciudadanos y Catalunya en Comú piden explicaciones que, de momento, el expresident exiliado no da.

Un implicado en el 3%

Pero ni el cambio de siglas del partido, llamado ahora PDeCAT, ni la nueva refundación a la que podría asistir la formación para aglutinar el entorno de Junts per Catalunya --se avecina un pulso importante entre la coordinadora general Marta Pascal y el propio Puigdemont-- hacen olvidar que todavía existe una ligazón económica y orgánica entre CDC y PDeCAT. Tal es así que, a pesar del congreso celebrado en el verano de 2016 para decir adiós a Convergència y dar la bienvenida a PDeCAT, no sin antes pasar por un traumático proceso de elección del nuevo nomenclátor, Puigdemont fue cabeza de lista de una coalición formada por la nueva y la vieja CDC. Así consta en el registro de candidaturas, donde el coordinador de organización de PDeCAT David Bonvehí y el gerente de CDC, Carles del Pozo, firmaron como representantes legales de la coalición denominada Junts per Catalunya.

Se da la circunstancia de que Del Pozo, miembro de la ejecutiva convergente, es uno de los implicados en el caso 3%, que al igual que el caso Palau, afecta a la financiación irregular de CDC. Fue detenido hace dos años en el marco de la operación Petrum.

Gracias al mantenimiento de las siglas de CDC, Puigdemont ha podido heredar cuotas mediáticas y demás privilegios por haber concurrido en elecciones anteriores. De lo contrario, la coalición encabezada por el dirigente independentista no habría tenido derecho a bloque electoral ni a las ayudas públicas. De hecho, la propia Pascal evitó el ridículo de Puigdemont al impedir que, como pretendía su entorno –Francesc Homs, Jordi Cuminal--, se presentara como una agrupación de electores. Una fórmula que cortaba definitivamente con la raíz convergente, pero con un gran inconveniente: al no estar vinculada a partidos políticos --así lo establece la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), que exige la recogida de 55.000 firmas para presentarse en los comicios mediante este sistema-- impide a sus impulsores acceder a las subvenciones públicas y a las cuotas mediáticas que se asignan a cada formación. Así se hizo constar en un informe jurídico encargado por Marta Pascal.