La ruinosa situación de PDeCAT ante el 21D

No habrá noche electoral en el Majestic. Ya no la hubo en las últimas elecciones autonómicas, donde la renuncia a este hotel de lujo situado en la milla de oro de Barcelona simbolizó la decadencia de un partido que cae en barrena en las encuestas de intención de voto y que atraviesa una precaria situación financiera. La aplicación del artículo 155 de la Constitución y la consiguiente destitución de altos cargos de la Generalitat han dado la puntilla a PDeCAT.

Los nuevos convergentes afrontan el 21D sin tener garantizada la financiación suficiente para hacer una campaña en solitario, a pesar del nombre utilizado para esconder sus siglas, Junts per Catalunya, y del despliegue mediático que ha acompañado a su cabeza de lista, Carles Puigdemont, en su aventura belga.

La deuda que arrastra desde la disolución de la federación de CiU (6,8 millones de euros) y el recorte de subvenciones públicas —han pasado de los 3 millones de 2011 a 1,6 millones en 2016— han obligado a PDeCAT a aplicar un ERE que contempla la reducción de una plantilla de 54 a la mitad. Pero es que, además, la aplicación del 155 ha provocado un alud de destituciones de altos cargos contratados por el partido y que habían pedido excedencia para incorporarse a la Generalitat. “PDeCAT no puede absorber a todos y tampoco despedirles porque no tiene dinero para indemnizaciones”, explican fuentes conocedoras de la situación.

En busca de financiación

El responsable de finanzas del partido, Jordi Oliveras, está inmerso en una frenética búsqueda de financiación, por ahora sin demasiado éxito. Las mismas fuentes indican que PDeCAT no puede pedir créditos bancarios hasta febrero. Recientemente, esta formación independentista renegoció el préstamo destinado a sufragar la deuda de CiU con la finalidad de ampliar de cuatro a quince años su fecha de vencimiento.

La alternativa es volver a la antigua estrategia de pasar el cepillo, esto es, de acudir a empresarios afines a la causa convergente —Grifols, Bon Preu— para que contribuyan al pago de los gastos electorales. Sin embargo, la respuesta no ha sido la esperada. Tampoco la campaña impulsada por PDeCAT para recoger donativos destinados a pagar las fianzas impuestas a los dirigentes independentistas (caja de solidaridad) ha sido un éxito.

Con esta precariedad económica afrontan los convergentes estas elecciones del 21D. Lo hacen en solitario, tras la negativa de ERC y CUP de formar una lista conjunta que hubiera disimulado esa ruinosa situación de PDeCAT, pues podrían haber compartido gastos electorales.

Los cargos sostienen el presupuesto

El partido no ha hecho públicas sus cuentas anuales, pues alegan que PDeCAT no ha cumplido todavía un ejercicio entero. Sí que ha publicado su presupuesto para 2017, que asciende a 3,1 millones de euros. La mitad de los ingresos previstos proceden de las aportaciones de cargos (1,3 millones), seguido de las cuotas de los asociados (780.000 euros), campañas de financiación colectiva (650.000 euros) e ingresos por otros servicios (335.000 euros).

Tras la refundación de CDC en PDeCAT, el número de socios disminuyó. A finales del año pasado, el partido tenía 12.036 asociados, de los que 9.622 provienen de CDC y 2.414 no habían pertenecido nunca a esta formación. El último censo de afiliados de Convergència ascendía a 14.620. Es decir, que unos 5.000 convergentes no quisieron sumarse a PDECat.

Para salir de este atolladero económico, el partido tiene previsto vender su sede de la calle Provença, a donde se trasladaron hace poco más de un año desde el emblemático edificio de la calle Còrsega, vendido a un grupo de inversores chino.

Por otro lado, Convergència tiene embargadas 15 sedes por el llamado el caso Palau, relativo a la financiación irregular del partido mediante el cobro de comisiones por adjudicación de obra pública. El juicio quedó visto para sentencia hace semanas, por lo que puede hacerse pública la resolución en plena campaña electoral.