El TSJC devuelve a los Mossos la gestión exclusiva de la seguridad de su sede

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha devuelto a los Mossos d'Esquadra la exclusividad en la vigilancia de su sede, al perder vigencia las razones por las que la traspasó a la Policía Nacional tras el 1-O, al contenerse los riesgos de "alteración de la legalidad constitucional".

Así lo ha acordado hoy el presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, en un escrito en el que ordena que la retirada de los efectivos de la Policía Nacional sea efectiva mañana, para que el sábado, 2 de diciembre, la seguridad del Palacio de Justicia sea asumida de nuevo en exclusiva por los Mossos d'Esquadra.

Desde el 6 de octubre

Barrientos acordó el pasado 6 de octubre, tras la celebración del referéndum ilegal de independencia del 1-O, entregar la vigilancia de la sede del alto tribunal catalán a la Policía Nacional, para "preservar la integridad del poder judicial" ante una eventual declaración unilateral de independencia, que el Parlament votó el 27 de octubre, aunque quedó sin efecto tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

El presidente del TSJC argumentó entonces que la ley de transitoriedad jurídica que aprobó el Parlament, y que el Constitucional suspendió después, "vienen a perturbar invariablemente la integridad del TSJC y de todos los magistrados que la integran, incluido su presidente, en la medida en que llevan a su desaparición, para compromiso de la función jurisdiccional que ejercen".

Además, recordaba que la ley de Ttansitoriedad jurídica "regula y desarrolla un poder judicial que ignora la previsión constitucional y las disposiciones orgánica reproducidas" y que, pese a que el Constitucional ha suspendido esa norma, "se constata la determinación de los responsables políticos de la Generalitat de dar los pasos necesarios para su vigencia y aplicación efectiva".

El escrito también ponía de manifiesto que la Junta de Portavoces y la Mesa del Parlament habían convocado un pleno que incluía como único punto del orden del día la comparecencia del entonces presidente catalán Carles Puigdemont para valorar los resultados del referéndum del 1-O, con una eventual declaración de independencia encima de la mesa.

Tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que comportó la destitución en pleno del Gobierno autonómico catalán y la intervención de los Mossos d'Esquadra, Barrientos ha acordado ahora devolver a la policía catalana la custodia del Palacio de Justicia, ante "la pérdida de vigencia" de las razones que llevaron a cederla a la Policía Nacional.

Vuelta a la normalidad

Según Barrientos, el "nivel de contención actual de los riesgos de alteración de la legalidad constitucional y de afectación del servicio público" reclaman el "retorno a la ordinariedad en todo lo relativo a la vigilancia y aseguramiento del normal funcionamiento de las instalaciones del palacio de Justicia y de la seguridad de los usuarios".

Con esta decisión, Barrientos afirma que pretende hacer efectiva "en su plenitud" la competencia propia de los Mossos d'Esquadra, que la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad le atribuye en la vigilancia y protección de personas, órganos, edificios, establecimientos y dependencias de la comunidad autónoma y de sus entes instrumentales, ya que, según destaca, la "habían venido realizando de manera eficaz".

El presidente del TSJC, que en su escrito reconoce el "cumplimiento escrupuloso" de la misión de seguridad encomendada a la Policía Nacional, establece que los Mossos tendrán que desplegar, en el marco de su "competencia propia", los efectivos necesarios a partir del sábado para la "completa preservación" de la seguridad del edificio y el normal funcionamiento de los Tribunales.

Barrientos ha ordenado también que se transmita esta orden a las unidades de la Policía Nacional y de los Mossos d'Esquadra destacadas en el interior del Palacio de Justicia, "para su inexcusable cumplimiento", así como de sus mandos operativos.

Tras la aplicación del 155, con la que el Gobierno respondió a la votación en el Parlament de la declaración unilateral de independencia, el ejecutivo central destituyó al entonces presidente Carles Puigdemont --huido a Bélgica-- y a todos sus consellers --ocho de los cuales permanecen encarcelados por orden de la Audiencia Nacional-- y destituyó a la cúpula de Interior y al mayor Josep Lluís Trapero como jefe de los Mossos, ahora comandados por el comisario Ferran López.