La Justicia catalana recibe el 155 con los brazos abiertos

Las vacantes se cubren, se desbloquean 4,8 millones de euros destinados a crear nuevas oficinas judiciales y la relación entre Gobierno y Generalitat es fluida. Este es el balance que fuentes sindicales hacen para Crónica Global de la aplicación del artículo 155 de la Constitución en la Administración de Justicia catalana. A estos avances se añade la promesa efectuada por el PP de compensar a jueces y fiscales catalanes, tal como se hace en el País Vasco.

“No todo está parado hasta el 21D”, aseguran fuentes del Sindicato de trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ). Explican que “hasta octubre, cubrir las vacantes podría tardar meses. Pero ahora, se nombran sustitutos con cierta regularidad, algo que parecía impensable”.

Asimismo, el pasado 14 de octubre se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la creación de 14 nuevos órganos judiciales para Cataluña, lo que implica 125 efectivos más en los juzgados y 8 plazas en Fiscalía. “Hay un compromiso por parte del Gobierno de destinar 4,8 millones esa ampliación. Hasta ahora, la Generalitat nos decía que no había recursos, por lo que temíamos que esas nuevas oficinas implicara reordenaciones como las contemplaba el informe de 2016”, explican desde STAJ.

Modificación de las plantillas orgánicas

Se refiere a la “Propuesta de modificación de las plantillas orgánicas del personal al servicio de la administración de Justicia de los órganos judiciales de Cataluña” que la Generalitat envió a las plataformas sindicales y que publicó este diario. Los sindicatos aseguraban que ese plan implicaba el recorte de 201 personas, mientras que la Conselleria de Justicia precisaba que solo se trataba de una reordenación.

Por otro lado, el Gobierno español ha vuelto a nombrar a Rosa Anna Castillo como director general de Modernización de la Administración de Justicia de la Generalitat, a la que había cesado previamente tras aplicar el 155. Los funcionarios valoran positivamente su perfil técnico y su empeño en impulsar el nuevo modelo de oficina judicial, aunque consideran que son necesarios más recursos económicos.

Reducir la movilidad de jueces y fiscales

Afirman que las relaciones entre Gobierno y Generalitat son fluidas, lo que permite debatir temas que estaban pendientes.

Los trabajadores judiciales no olvidan que perdieron una paga extra en 2013 y 2014 y complementos salariales que los trabajadores de otras comunidades sí tienen. “Nosotros no dependemos de la Generalitat, pero nos aplicaron los mismos recortes”, denuncian.

A estos avances hay que añadir la propuesta del PP de compensar a los jueces y fiscales catalanes, tal como se hace en el País Vasco, para reducir una movilidad que se ha visto incrementada por la presión del proceso secesionista.