Puigdemont pretende que el juez belga se cargue el 155

Carles Puigdemont y los exconsellers exiliados en Bélgica comparecerán el lunes 4 de diciembre ante el juez de primera instancia de Bruselas, que presidirá la vista sobre la extradición planteada por la Audiencia Nacional que les investiga por rebelión, sedición, malversación y desobediencia. El Tribunal Supremo ha asumido la causa, pero la juez Carmen Lamela sigue con el trámite de la extradición.

Abrumar a la justicia

La estrategia de los cinco de Bélgica es forzar la situación procesal y abrumar con argumentos jurídicos al magistrado para que éste se plantee, en su última resolución, algún posicionamiento crítico explícito con la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Los exiliados buscan como agua de mayo --quizá como si se tratase del último agarradero jurídico a su alcance--, un documento judicial que cuestione la legalidad en la aplicación de las medidas de control de la autonomía dictadas por el gobierno de Mariano Rajoy tras la declaración independentista que tuvo lugar en el Parlament.

Sin justicia

Para ello, los prófugos presentaron por escrito el 23 de noviembre un informe en el que adelantaban los documentos sobre los que, el lunes, verbalizarán sus argumentos para pedir la no extradición bajo la premisa de que están siendo perseguidos por un país donde no rige el estado de derecho.

Guante de seda 

El juez dará la palabra a los letrados de cada uno desde las 9:30 horas hasta el mediodía. Tras un descanso de dos horas, a las 14 horas se reanudarán las alegaciones sin especificar hora prevista de conclusión.  Los letrados tendrán, por tanto, todo el tiempo que precisen para dejar clara su postura.

Cuatro argumentos en su descargo

El juez ha aceptado el planteamiento de las defensas, que articularán su discurso exculpatorio en cuatro puntos: la parcialidad de la Fiscalía General de Estado --presentarán una batería de declaraciones públicas del difunto fiscal general del Estado, José Manuel Maza--, la indefensión judicial --se quejarán por la prohibición de personarse el pasado viernes en las declaraciones ante el Supremo de Oriol Junqueras, los exconsejeros encarcelados y los Jordis--, y por el uso torticero del artículo 155 --insistirán en que se aplicó para inhabilitar “al enemigo”--. Además, Puigdemont y sus acompañantes pretenden explayarse en las “amenazas de violencia de Estado” contra el independentismo, difundidas por Puigdemont y por la número dos de ERC, Marta Rovira, pero desmentidas en todo momento por el Gobierno de Mariano Rajoy.

Último cartucho

Los abogados de los prófugos, en una intento de aparentar firmeza y confianza en sus argumentos, aseguran “que el Estado no se imagina lo que se va a llegar a exponer ante el tribunal de Bruselas". "No podemos adelantar el contenido concreto de nuestras cartas en esta partida pero sólo contemplamos la victoria. Nuestra victoria es arrancar del juez belga un dictamen que avale la ilegal, torticera y criminal utilización que el Gobierno de España ha hecho del artículo 155”.

Contactos con la fiscalía

La documentación que sostendría estos cuatro puntos ya está en manos del magistrado. Por lo tanto, el factor sorpresa está en entredicho a priori. Sin embargo, sí es cierto que, tal y como ha confirmado Crónica Global, los abogados de los 5 de Bélgica han mantenido contactos con la Fiscalía de Bruselas fuera de la sede judicial aunque con carácter oficial. Las defensas de Puigdemont y los exconsejeros han confirmado estos contactos que sitúan en el marco del “decoro institucional y a los únicos efectos de mantener una adecuada simbiosis con el proceso penal de aquel país”.

Las espadas en alto

La Fiscalía belga ya ha expuesto sus alegaciones y la documentación que la sustentaría. De momento no ha trascendido el detalle de esta documentación. Sí se conoce que el ministerio público belga reconoce a España como un Estado social y democrático de Derecho y aguarda a saber a saber cuál es la decisión del magistrado.

El juez expondrá el mismo lunes el día en el que hará pública su resolución, contra la que puede haber recurso aunque éste no invalide su ejecución.