“Estamos preparados” es el lema con el que el vicepresidente, Oriol Junqueras, presentó el pasado día 3 el definitivo despliegue territorial y logístico de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC). Lo hizo con ínfulas de independencia fiscal, asegurando que, ahora sí, la Hacienda catalana estaba ya preparada para gestionar los impuestos estatales del sector público catalán a partir de octubre.
Más allá del brindis al sol que, según los técnicos de Hacienda y los propios trabajadores de la ATC –éstos no fueron invitados a la presentación— supone este despliegue, lo cierto es que el avance en esta “estructura de Estado” volvió a poner el foco en los datos personales que son necesarios para gestionar esos impuestos estatales. Esos datos solo pueden ser utilizados por la Generalitat para tramitar sus impuestos propios y los cedidos por el Estado. Es decir, que no pueden ser usados para otros fines. De ahí que las palabras del exsenador de ERC y magistrado Santi Vidal –“la Generalitat tiene datos fiscales obtenidos de forma ilegal”— resonaran de nuevo.
Las advertencias del ministerio
El Ministerio de Hacienda advirtió, en este sentido, que la ATC, como el resto de agencias autonómicas, es competente para gestionar sus propios tributos y los tributos cedidos, como son el impuesto sobre el Patrimonio, el de Sucesiones y el de Transmisiones Patrimoniales, entre otros. Para el resto de tributos "sólo se tienen por cumplidos si se realizan en la Administración Tributaria competente".
Ayer, la Guardia Civil registró la ATC –fuentes laborales apuntan a que podrían haberse incautado de facturas— y detuvo al secretario general de Hacienda, Lluís Salvadó, quien ha pilotado ese despliegue. La intervención golpea uno de los proyectos estrella del independentismo. Y, sobre todo, la pretensión de autonomía financiera que necesita una hipotética “república catalana”.