La Generalitat recurre la intervención de sus cuentas en el Supremo

La cuenta atrás hacia el 1-O sigue su camino, como lo hace el tira y afloja del Gobierno y la Generalitat. En mitad del embrollo protagonizado entre el vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sobre la financiación del referéndum ilegal, el Ejecutivo central amenazó con la intervención de las cuentas catalanas. El Govern responde a esta medida con un recurso ante el Tribunal Supremo para que, por ahora, la suspenda cautelarmente.

La Generalitat ha presentado este lunes, 18 de septiembre, un recurso contencioso ante el Supremo para impedir que el Ejecutivo de Mariano Rajoy intervenga sus cuentas y se encargue del pago de los servicios básicos en Cataluña.

Este recurso incluye una petición de suspensión de la aplicación del acuerdo, esto es, de medidas cautelares. El Govern considera que el alto tribunal debe resolver la petición de cautelares antes de deliberar sobre el fondo del recurso, según informa Efe. Este mismo tribunal falló en contra de la Generalitat en la petición de suspender la necesidad de seguir enviando los informes al Gobierno.

El artículo 155

El Ejecutivo catalán ha recurrido ante el Supremo porque entiende que el Gobierno español hace un uso “ilegal” de la ley de estabilidad financiera para aplicar a Cataluña el artículo 155 de la Constitución —el relacionado con la intervención de una comunidad autónoma— “por la puerta de atrás”, según explicó el viernes el secretario de Economía del Govern, Pere Aragonès.

El Gobierno acordó el viernes asumir el control de los gastos esenciales de Cataluña —educación, sanidad, servicios sociales y nóminas, principalmente— después de que el Gobierno catalán se negara a seguir remitiendo un informe semanal de sus gastos al Ministerio de Hacienda para verificar que no derivaba recursos públicos al referéndum.

Las 48 horas a Puigdemont

El sábado se publicó el acuerdo en el Boletín Oficial del Estado (BOE), de forma que se puso en marcha el plazo de 48 horas dado por el Gobierno al presidente catalán, Carles Puigdemont, para que adopte un acuerdo de no disponibilidad respecto a gastos no esenciales.

Esta medida ha llevado a Junqueras a acusar al Gobierno de “bloquear” partidas del presupuesto como las relacionadas con industria, ganadería, agricultura, cultura, deporte e incluso la renta garantizada de ciudadanía, que entraba en vigor el 15 de septiembre. Quedan fuera de ese bloqueo presupuestario, además de los servicios fundamentales, otros como los de justicia, los penitenciarios, las carreteras, las infraestructuras ferroviarias, el transporte público de viajeros, la logística, la seguridad ciudadana y otros “prioritarios”.