El Govern de Carles Puigdemont sigue jugando al gato y al ratón con las autoridades del Estado y para ello busca ahora la complicidad de los funcionarios de la Generalitat. Los prepara para que les ayuden a esconder las urnas y las papeletas que deberían servir para el referéndum del 1-O en el caso de que la policía trate de incautarlas.
Cargos intermedios de varias consejerías han dado instrucciones discretas a sus subordinados para que dificulten el trabajo de la Guardia Civil si se encontraran con agentes de este cuerpo tratando de entrar en las instalaciones de la Administración autonómica para proceder a un registro.
Solo si ocurriera
“Si se diera el caso de que viniera la Guardia Civil para hacer un registro, hay que llamar…” Así es como empieza el discurso del jefe amigable en cada caso.
Las sugerencias, que se transmiten de viva voz y de forma unipersonal, consisten en establecer una especie de protocolo que remite siempre a un superior jerárquico ubicado en otras instalaciones –lo más lejanas posible--, cuya presencia sería imprescindible, le dicta el jefe, para ceder el paso a los agentes.
El intento es doblemente inútil porque la Guardia Civil, tanto si traslada un requerimiento como si ha de proceder a un registro, siempre reclama la interlocución de un funcionario con rango suficiente; además de que si actúa como policía judicial no se detendrá ante el primer empleado que se encuentre en la entrada de la consellería.
Nunca por escrito
Las fuentes consultadas han subrayado que estas instrucciones no han sido transmitidas por escrito en ningún caso, aunque el empleado haya preguntado por la existencia de un "papel". “No lo expliques”, suele ser la última frase del jefe cuando acaba el recado.
Esas fuentes dan por hecho que el reguero de ceses de medios y altos cargos que se ha producido en las últimas semanas en la Administración catalana responde precisamente a la necesidad de despejar el camino de desleales a la causa que podrían dificultar, entre otras cosas, la tarea de pasar esas órdenes en forma de sugerencia, lo que no deja de ser muy delicado.
Obstrucción a la justicia
De hecho, cumplir esas instrucciones podría derivar en un delito de obstrucción a la justicia del que sería responsable el funcionario, tanto si está en la puerta de las dependencias como en los mostradores de atención al público, que son precisamente los destinatarios de los mensajes de estos días.
Quienes los transmiten no dan demasiadas pistas a sus interlocutores, pero de sus palabras y por las dependencias donde se han empleado más a fondo, se deduce que el Govern teme que la Guardia Civil busque material guardado -- las urnas y las papeletas para el 1-O-- en los almacenes y sótanos de algunas consellerías.
Esas deducciones son coherentes con el hecho de que la campaña de complicidad no se ha hecho hasta ahora en los departamentos que en principio tendrían más relación con la celebración del referéndum, como Interior, Justicia o Gobernación, sino en otros, en principio, más alejados de la política partidista y dotados de sotanos y edificaciones con espacios amplios con gran capacidad de almacenamiento.