Los secretarios e interventores municipales garantizan fidelidad a la Constitución ante el 1-O
El consejo que agrupa a los colegios de funcionarios locales de Cataluña apela al Estado de derecho frente a los planes secesionistas del Govern
11 julio, 2017 15:09El Consejo de Colegios de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local de Cataluña (Csital) ha subrayado este martes que los funcionarios municipales serán "siempre fieles" a la Constitución ante el referéndum independentista anunciado por el Govern para el 1 de octubre.
La Junta General del Consejo se reunió el lunes para abordar la situación política y aprobó por unanimidad un comunicado en el que se subraya que la actuación de los secretarios, interventores y tesoreros municipales se rige por la "defensa de los valores democráticos, de legalidad, de lealtad y de neutralidad e imparcialidad política".
Estado de derecho
En el texto se apela a un apartado de su código ético en el que se indica que el funcionariado de la administración local con habilitación de carácter estatal debe actuar "de acuerdo con las leyes, los reglamentos y las normas e instrucciones que sean aplicables al cumplimiento de sus deberes".
"En cualquier caso, debe permanecer siempre fiel al espíritu y al texto de la Constitución española, a la normativa autonómica y europea, y a los principios de conducta" establecidos en el código ético del Csital, añade el documento.
También señala que se está dando a los funcionarios municipales de Cataluña "un protagonismo que no les corresponde" en la celebración del referéndum del 1-O, y recuerda que estos empleados tienen un fuerte compromiso con el correcto funcionamiento de los gobiernos locales, al margen de ideologías.
El papel de los funcionarios
El Govern siempre ha defendido que en ningún caso obligará a los funcionarios a participar en el 1-O y que creará una bolsa de empleados públicos voluntarios para poder garantizar los preparativos y el desarrollo de la votación.
La oposición no obstante ha alertado de que se está poniendo en riesgo sus puestos de trabajo y que se les está poniendo en una situación incómoda, algo que el Govern interpreta como una operación para generar miedo en los funcionarios e intentar boicotear el 1-O.