Son los 11.000 olvidados de la convocatoria de un referéndum independentista el 1 de octubre en Cataluña. Guardia Urbana y policías municipales denuncian "incertidumbre" y avisan de que deben cumplir la ley a riesgo de incurrir en delito penal.
Esta semana, abogados de un sindicato de ámbito nacional han viajado a Barcelona de forma discreta. Su cometido es el de impartir pequeñas cápsulas de formación a agentes del área metropolitana sobre la cita de octubre.
Los cursillos para resolver dudas son similares a los que ofrece el CSIF al resto de funcionarios municipales, de la Generalitat y de la Administración central del Estado sobre el mismo tema.
"Brecha rural y urbana"
Este sindicato, precisamente, considera que existe una división entre la Cataluña rural y la urbana sobre la convocatoria independentista.
"En Barcelona y el área metropolitana los ayuntamientos no están por la labor. Es en los pueblos pequeños donde tememos presiones de los alcaldes", avisa Eugenio Zambrano, delegado sindical en la Guardia Urbana y responsable de función pública de la agrupación.
"Hay en Cataluña 947 municipios. En 214 de ellos está constituida una fuerza de policía local. Dependen directamente del alcalde, que delega las competencias al jefe de servicios o al concejal de seguridad. Por ello es tan importante el color político", recuerda.
"Aquí nadie piensa en desobedecer"
Uno de los que lo tiene claro es Juan (nombre ficticio). Este agente de un municipio de la conurbación de Barcelona hace hincapié en que su localidad no colaborará con la cita secesionista.
"Aquí nadie piensa en desobedecer. Nos tenemos que ceñir a la ley. Y en las patrullas que montamos conjuntamente con los Mossos d'Esquadra, normalmente controles de tráfico o alcoholemia, no parece que su espíritu sea ese", admite.
Preguntados por la cuestión, fuentes municipales de la ciudad conde trabaja Juan confirman la versión del empleado municipal. "Esto funciona como unas elecciones. Cuando la Junta Electoral nos envía requerimientos para activarnos, lo hacemos. De momento, no han enviado nada, luego aquí no pasa nada el 1 de octubre", explica un portavoz.
"El dato clave es que los independentistas son minoría en el pleno municipal. La convocatoria no tiene mucho predicamento aquí", agrega la misma fuente.
¿Podrían Jané o el Gobierno tomar el mando?
Así pues, los 11.000 policías locales de Cataluña, ¿actuarían ante la eventual convocatoria según el color político del alcalde?
"En principio, nos tenemos que centrar en la ley. No podemos cometer ninguna ilegalidad a riesgo de incurrir en delito penal. Otra cosa es que la Generalitat tome el control de los cuerpos mediante Junta de Seguridad de urgencia. O lo haga el Estado", explica Manuel García, secretario general de Sapol.
"Si eso ocurre aún es peor. Por el bien de todos, confiemos en que se encuentre una solución y no haya enfrentamiento al final", agrega.
¿Preocupa ello en Barcelona, la ciudad con más agentes de este nivel de seguridad? "Sinceramente, no. Todo parece muy lejano. Inquieta más la posibilidad de jubilarse a los 60 o que nos arrebaten el PAMEM, la mutua municipal", se sincera García.
No hay órdenes
A la espera de que los partidos independentistas den detalles el próximo 4 de julio de cómo organizarán una consulta a espaldas del Gobierno, los mandos políticos y policiales aguardan.
"En Barcelona no se ha dado instrucción alguna. Es un tema muy personal. Cada uno tiene su propia opinión y no hay directrices de ningún tipo", explican fuentes sindicales del ayuntamiento.
Los Mossos empiezan a remitir a las policías locales órdenes de requisar urnas de 1-O
Dos agentes de la Guardia Urbana de Barcelona patrullan por la calle / CG
"A nivel sindical tampoco se ha tomado ningún tipo de acción. Los cuerpos de policía municipal, sean la Guardia Urbana o cualquier otro, necesitan órdenes claras del jefe de policía. Es una figura regulada en los artículos 26 y 27 de la Ley de Policías Locales de Cataluña", abundan las mismas voces.
"Si se votara el 1 de octubre y se tuviera que abrir un ayuntamiento, ¿deberíamos facilitar el flujo de votantes? Ese día, ¿también tendremos funciones de orden público? Hay mucha confusión", lamenta Juan.
"Por escrito y al juzgado"
Hasta el momento, y a 98 días de la supuesta convocatoria, la única instancia policial que habla claro es el CSIF.
"Recomendamos a urbanos de Barcelona y a policías locales y municipales del resto de municipios pedir por escrito todas las órdenes que no vean ajustadas a ley. Con ellas pueden ir al juzgado y entregarlas", aclara Zambrano.
"Si el magistrado ve atisbo de ilegalidad, la fiscalía puede actuar y pedir la anulación de esa orden. Es un proceso rápido", concluye la misma fuente.