Los funcionarios piden información contra órdenes ilegales

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha recibido solicitudes de información de empleados públicos catalanes sobre el protocolo previsto ante la posibilidad de que reciban órdenes fuera de la legalidad por parte de sus superiores. Así lo asegura en un comunicado, emitido tras el anuncio de la fecha y pregunta del referéndum independentista.

CSIF, sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha recibido solicitudes de información de "diferentes departamentos, como Justicia, Prisiones, Educación, la Agencia Tributaria, así como de la propia Generalitat. Esta plataforma tiene constancia "de funcionarios que se han negado a participar en el concurso para la licitación de las urnas que se pretenden usar para el referéndum".

Una campaña

El sindicato ha anunciado una campaña informativa, en la que se va a divulgar el protocolo elaborado por CSIF "a todos los departamentos de la Administración en esta comunidad autónoma, así como de la Administración General del Estado presente en Cataluña, teniendo en cuenta la incertidumbre generada tras la filtración de los planes de la Generalitat para los funcionarios".

Asimismo, se intensificará la labor informativa en los centros educativos donde la Generalitat tiene previsto organizar la consulta, pensando especialmente en los responsables de la dirección de los centros o los conserjes encargados de abrir las puertas de las instalaciones para el referéndum.

CSIF ha mantenido reuniones con la vicepresidenta primera del Gobierno y el delegado del Gobierno en Cataluña, donde se abordó la preocupación sobre los efectos que puede tener este proceso sobre la situación de los funcionarios catalanes y se acordó velar por su seguridad jurídica en el caso de que reciban órdenes fuera de la legalidad vigente o presiones.

Mensaje de seguridad y firmeza

En este sentido, CSIF traslada un "mensaje de seguridad y firmeza" a los empleados públicos ya que "si deciden incumplir órdenes de sus superiores jerárquicos, no incurrirán en ninguna responsabilidad cuando sean contrarias al ordenamiento constitucional. Por tanto, no caben amenazas ni presiones por parte de las autoridades de la Generalitat".

De esta manera, el "Estado velará por la seguridad jurídica de los funcionarios en el caso de que reciban órdenes fuera de la legalidad vigente o presiones en línea con el protocolo que ha diseñado CSIF, ante la posibilidad de que se den este tipo de situaciones".
 
El protocolo elaborado por el sindicato recomienda a los empleados públicos que, en el caso de recibir una orden que entiendan que pueda ser ilegal, la pidan por escrito, a la mayor celeridad posible, para tener constancia suficiente y advertir a la Administración de sus dudas. En el caso de que el superior jerárquico persista en el requerimiento de la orden, el protocolo recomienda dejar la constancia al superior de su parecer sobre la ilegalidad de la orden y acudir a los recursos legales. Los servicios jurídicos de CSIF se van a reforzar y se pondrá en marcha una línea de consulta para atender las dudas.
 
En los casos más extremos, cuando la ilegalidad sea manifiesta, el protocolo recuerda el derecho e incluso la obligación del funcionario a no acatar la orden y ponerlo en conocimiento de los servicios de inspección competentes. Asimismo, de estimarse que pueda incurrirse en una situación ilícita, desde el punto de vista penal, se recomienda interponer la correspondiente denuncia ante la policía, fiscalía u órganos judiciales.