Funcionarios 'indepes' se encomiendan al PP para mejorar su situación laboral

Recortes salariales, supresión de pagas extraordinarias, presión independentista… Los funcionarios catalanes se sienten maltratados por el Gobierno autonómico. Hasta el punto que los sindicatos más proclives al procés no han tenido reparos a la hora de defender sus mejoras laborales a través de una formación tan alejada de sus postulados ideológicos como el PP.

La Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), que junto a CCOO y UGT forma parte de la Mesa General de la Función Pública, está integrada por USTEC-STEs, CATAC-CTS, CATAC, CTA, FAA, CAU y FTC. Algunas de estas plataformas son afines al ideario independentista. Pese a esta disparidad ideológica, los tres sindicatos acudieron a una reunión convocados por la diputada del PP María José García Cuevas, quien les informó de su intención de presentar una interpelación a la consejera de Gobernación de la Generalitat, Meritxell Borràs, sobre la oferta pública de empleo y las condiciones laborales del personal de la Administración autonómica.

Casi 200.000 empleados públicos

Conformes con los planteamientos de los populares, representantes de estos tres sindicatos asistieron a la citada interpelación celebrada en el Parlamento catalán a finales de abril, previa a la presentación de una moción que se someterá a votación en el Pleno de la Cámara autonómica previsto para los días 17 y 18 de mayo.

La Generalitat tiene 190.303 empleados públicos, cifra solo superada por Andalucía. De éstos, 42.300 son interinos, por lo que según los datos que barajan los sindicatos, en los próximos tres años deberían convocarse entre 45.000 plazas y 50.000 plazas si se quieren acabar con la precariedad laboral y cubrir bajas por jubilación o traslado, con una tasa de reposición del cien por ciento.

Las 7.221 plazas prometidas

El departamento de Gobernación invoca sus prometidas 7.221 plazas de funcionarios –el grueso corresponde a docentes, médicos y mossos d’esquadra— como un “primer paso importante”. Pero, según el PP, se trata de una cifra insuficiente.

Asimismo, la consejera Borràs alegó en sede parlamentaria que se está empezando a abonar el 34% de la paga extra de 2012 y que el resto se devolverá en 2018. El pago de las extras de 2013 y 2014 se está negociando. “Si ustedes nos devolvieran los intereses que hemos tenido que pagar del FLA (Fondo de Liquidez Autonómico), nosotros dispondríamos de los 1.100 millones de euros que valen las dos pagas extraordinarias”, dijo la titular de Gobernación, en alusión al Gobierno del PP.

La moción presentada por el PP incluye una batería de mejoras laborales para el colectivo funcionarial. Entre otras medidas, se insta al Govern a estudiar las necesidades de plantillas por sector, teniendo en cuenta la previsión de jubilaciones para los próximos tres años, así como la creación de las nuevas plazas necesarias; una propuesta de calendario de convocatoria de oposiciones, y una propuesta de calendarización de recuperación de las pagas extraordinarias detraídas en 2013 y 2014.