“Vamos a tener que volver a prescindir de personal”. Lo advierte el director de Casa Asia, Ramón María Moreno, resumiendo así la precaria situación económica en la que se encuentra esta entidad creada en 2001 a instancias del Gobierno español y con sede en Barcelona.
La finalidad de organismo es impulsar las relaciones entre España, el Pacífico y Asia, una zona económicamente estratégica. La reducción de las aportaciones realizadas por la Administración, la asfixia financiera y los pleitos judiciales por impago han colocado a esta entidad al borde de la quiebra.
La financiación de Casa Asia se reparte entre el Ministerio de Asuntos Exteriores, Generalitat, Ayuntamiento de Barcelona y, desde 2007, Ayuntamiento de Madrid. Tal como se puede comprobar en el gráfico al que ha tenido acceso este medio, es notoria la caída en picado de las partidas destinadas por el Gobierno catalán, que dejaron de estar incluidas en sus presupuestos anuales –en 2016 hubo un repunte gracias a una aportación extraordinaria de 340.000 euros--.
El gasto del Estado y de los ayuntamientos se mantiene. En el caso del consistorio barcelonés, la partida anual gira en torno a los 600.000 euros, aunque este año no se ha ejecutado todavía, por lo que en este ejercicio Casa Asia sobrevive gracias a los presupuestos del Estado.
En general, las aportaciones actuales son similares o inferiores a las de 2001, pero las actividades de Casa Asia han crecido y, por suerte para sus responsables, la mayoría se autofinancian.
Plan de viabilidad
Fuentes de la Consejería de Asuntos y Relaciones Institucionales y Exteriores han explicado a Crónica Global que permanecen a la espera de que la entidad presente un plan de viabilidad para determinar una asignación fija presupuestaria. Sin embargo, según explicó Moreno en una reciente comparecencia en el Parlamento catalán, "esto da lugar a un círculo vicioso", pues no pueden elaborarlo sin saber con qué aportaciones públicas cuentan.
Imagen del interior de Casa Asia
El desinterés de la Generalitat por este órgano de la diplomacia española se produce en un momento de pugna institucional propiciada por el empeño del Gobierno de Carles Puigdemont en internacionalizar su proceso independentista.
La precaria situación de Casa Asia ha provocado recortes de plantilla, pues se ha pasado de 53 personas a 23 empleados. Los despidos han ido acompañados de indemnizaciones, lo que ha contribuido a aumentar las deudas. Sin embargo, los cambios de sede y los pleitos judiciales son los que han puesto a Casa Asia al borde de la disolución. Y no se descartan nuevos ajustes laborales.
Rescisión de contrato
En 2013, esta entidad abandonó las dependencias del emblemático Palau Baró de Quadras, situado en la avenida Diagonal de Barcelona, que habían ocupado durante 10 años. El precio del alquiler, 600.000 euros al año –cinco plantas y parking--, se volvió inasumible, por lo que Generalitat y Ayuntamiento de Barcelona sugirieron el traslado al pabellón de Sant Manuel, dentro del Recinto Modernista de Hospital de Sant Pau.
La inmobiliaria que gestiona el alquiler del Palau Baró de Quadras no le puso las cosas fáciles a Casa Asia, pues exhibió una cláusula de rescisión que exigía el pago del alquiler hasta el último mes contratado, es decir, hasta el 17 de marzo de 2017. Una deuda, en suma, superior a los 2,7 millones de euros.
Según detalló Ramón María Moreno en su exposición en la Cámara catalana: “Los estatutos de Casa Asia establecen que Generalitat y ayuntamiento deben asumir el coste de la sede y, tras el traslado, entendimos que no pagaríamos nada por ocupar el pabellón, teniendo en cuenta que la Fundación de Hospital de Sant Pau está participada precisamente por la Generalitat, el ayuntamiento y el capítulo catedralicio”.
Ante la imposibilidad de asumir los costes, la Fundación de Sant Pau planteó una demanda de desahucio de ejecución inmediata. “Se podría haber comenzado por una reclamación de cuantía o poner una demanda de desahucio sin ejecución inmediata, pero se optó por esa inminencia”, lamenta el director de Casa Asia. Moreno agradece a la Generalitat el pago extraordinario de 340.000 euros. “Si en lugar de siete cómodos plazos, se hubiera aportado en un solo plazo, hubiéramos quedado bien con la Fundación de Sant Pau”, matiza.