Janet Sanz y Jaume Asens durante la rueda de prensa del cierre de la investigación a FCC / CG

Janet Sanz y Jaume Asens durante la rueda de prensa del cierre de la investigación a FCC / CG

Vida

Barcelona estima que el presunto fraude de FCC fue de 3,3 millones

El consistorio cierra la investigación del caso y abre un expediente sancionador que podría acabar con la rescisión del contrato

25 abril, 2017 12:12

El Ayuntamiento de Barcelona estima que Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) defraudó 3,3 millones de euros con el contrato de reciclaje de residuos. Hace unos meses, el consistorio denunció un presunto fraude cometido en la gestión del servicio de limpieza de la empresa, ante el que la Fiscalía abrió diligencias y una investigación para determinar si FCC había cometido fraude.

En la junta de portavoces que ha tenido lugar este martes, el ayuntamiento ha cerrado el expediente informativo, que acredita que FCC "alteró el precio del contrato de limpieza" y que se "han incumplido las condiciones de ejecución señaladas en los pliegos del contrato".

"Atenta a la sostenibilidad"

De esta forma se ha pronunciado la teniente de alcalde de Ecología, Janet Sanz, que considera que el presunto fraude “atenta directamente a la sostenibilidad y a la atención que merecen las personas”.

El ayuntamiento votará en el pleno del viernes un expediente sancionador para FCC, que podría llevar consigo la rescisión del contrato y una sanción de 600.000 euros para la compañía de recogida de residuos si la Fiscalía considera que es un delito. 

"Un saqueo a los recursos públicos"

Sanz pide a la Fiscalía que actue con celeridad porque es un tema “de mucha importancia”. “Representa una saqueo continuado de los recursos públicos y representa una ofensa para la ciudad”, ha explicado el teniente de alcalde Trasparencia, Jaume Asens.

Tanto Sanz como Asens consideran que se trata de una “trama organizada” cuyo objetivo era "evitar los mecanismos de control de gestión interna”. El Gobierno municipal asegura que a partir de ahora no tolerará “ninguna conducta fraudulenta” en los servicios municipales.