'Vendetta' del Gobierno catalán contra la diplomacia española

Casa Asia languidece y el Gobierno catalán se resiste a pagar la parte que le corresponde como miembro del consorcio de este organismo, dedicado a fomentar las relaciones entre España y los países asiáticos. La situación por la que atraviesa esta entidad, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores y que tiene sede en Barcelona, es crítica, pues desde el pasado mes de julio pesa sobre ella una orden de desahucio. La Generalitat asegura que es “plenamente consciente de la situación actual de Casa Asia y está trabajando conjuntamente con otros miembros del consorcio para encontrar la mejor salida posible”. Así lo afirma el consejero catalán de Asuntos Exteriores, Raül Romeva, en respuesta a sendas preguntas formuladas por los diputados de CSQP y Ciudadanos, Joan Josep Nuet y Susana Beltrán, respectivamente.

Es notorio que las relaciones de Romeva con el ministerio no son precisamente diplomáticas. El dirigente independentista acusa a las embajadas españolas de boicotear sus viajes oficiales, mientras que el Gobierno recuerda sistemáticamente que las competencias exclusivas en materia de política exterior corresponden al Estado. En el trasfondo de esa pugna está el propósito del Gobierno de Carles Puigdemont de vender su ideario independentista en el extranjero con la finalidad de lograr complicidades.

Aportaciones extraordinarias

La financiación del consorcio de la Casa Asia se reparte entre las administraciones que forman parte del mismo: el ministerio (60%), la Generalitat (20%) y el Ayuntamiento de Barcelona (20%). El Govern no incluye una partida fija en sus presupuestos, sino que se limita a aprobar aportaciones extraordinarias. Así lo hizo en 2015, cuando pagó 90.000 euros. Para 2016, la cifra prevista ascendía a 160.000 euros “pero el Parlamento catalán rechazó, a través de varias enmiendas a la totalidad, la propuesta de presupuesto, hecho que ha llevado a la situación actual de prórroga, donde no había prevista ninguna aportación a Casa Asia”.

Dicho de otra manera, Romeva echa en cara a la oposición que no aprobara las cuentas catalanas de 2016, lo que habrían permitido agilizar una solución a la asfixia financiera de Casa Asia, actualmente instaladas en un pabellón del hospital de Sant Pau. Por contra, la Consejería de Exteriores no escatima dinero en la ampliación de sus "embajadas", red paralela a las oficinas comerciales que dependen del departamento de Empresa. Según la auditoría financiera del consorcio correspondiente a 2014, la Generalitat adeudaba entonces más de 162.000 euros.

Hasta 2013, esta entidad estaba situada en un suntuoso edificio en la avenida Diagonal de Barcelona por el que pagaba 600.000 euros al año. El consorcio de Sant Pau, en el que curiosamente también participan Generalitat y ayuntamiento, utilizó la vía judicial para instar al desalojo de estos inquilinos morosos, que adeudan un total de 370.000 euros por el uso el pabellón que utilizan. Sin embargo, ambas partes aseguran estar en conversaciones para encontrar una solución. Casa Asia vehicula las relaciones españolas con Afganistán, Australia, Bangladesh, China, República Popular Democrática de Corea, República de Corea, Filipinas, India, Indonesia, Irán, Japón, Kazajstán, Malasia, Nueva Zelanda, Pakistán, Tailandia, Uzbekistán y Vietnam. La diputada Susana Beltrán ha presentado una propuesta de resolución en el Parlamento catalán en la que insta al Ejecutivo autonómico a cumplir con sus compromisos económicos con este consorcio y a comparecer para dar explicaciones.