El Parlament dará luz verde mañana a la independencia exprés

Una votación decisiva para las aspiraciones secesionistas catalanas, pero que visualizará un Parlamento partido en dos. El Pleno de la Cámara catalana debate mañana, 26 de abril, la propuesta de reforma de su reglamento redactada en ponencia conjunta.

¿Necesaria? No, porque el reglamento se reformó recientemente.

¿Finalista? Sí, porque lo único que persigue es poder aprobar la ley de transitoriedad –conocida como la ley de desconexión— por la vía de urgencia.

¿Conjunta? No, porque solo dos grupos parlamentarios, Junts pel Sí (PDECat y ERC) y la CUP, han firmado la propuesta. Sin embargo, estas formaciones secesionistas son mayoría en el Parlament, por lo que las enmiendas a la totalidad presentadas por Ciudadanos, PSC, CSQP y PPC no podrán prosperar y la iniciativa seguirá su tramitación parlamentaria en Comisión con la previsión de que sea aprobada finalmente en otro plenario en junio.

Oposición en pie de guerra

Tras la entrada en vigor de esa reforma del reglamento, la ley de desconexión podrá ser aprobada en lectura única, es decir, en un solo Pleno, lo que reduce el debate parlamentario a la mínima expresión. Todo ello ha sublevado a los grupos de la oposición, quienes recuerdan que el Tribunal Constitucional se pronunció a favor de que las ponencias conjuntas cuenten con la presencia de la mayoría de grupos, como así se ha hecho en otros parlamentos españoles.

Por otro lado, la aprobación exprés de la ley de desconexión intenta frenar la capacidad de reacción del Gobierno español, que sin duda impugnará esa normativa, llamada a convertirse en la arquitectura jurídica del tránsito a la Cataluña independiente. Es decir, pasar de las leyes españolas a las catalanas.

Para las fuerzas independentistas se trata del acto legislativo más importante de este mandato “excepcional”, pues su contenido, que JxSí y la CUP guardan bajo llave, incluye la regulación del referéndum. Los antisistema eran partidarios de hacer esa regulación fuera de la ley de transitoriedad para evitar que el previsible recurso del Estado tenga un doble efecto.