La Generalitat modifica el Código Civil catalán para aumentar las diferencias con España

“Es la norma más trascendente para la vida ordinaria, un salto cualitativo y radical en lo jurídico, sin vuelta atrás”, advierte a Crónica Global un jurista. Y es inminente. El proyecto de ley en fase de tramitación más avanzada en el Parlamento catalán es el Libro VI del Código Civil de Cataluña relativo a obligaciones y contratos. Se trata de una norma fundamental para la vida económica y ciudadana, que ha descolocado a los partidos contrarios a la independencia, a pesar de que la Generalitat la concibe como una “estructura de estado”.

Efectivamente, este Libro aspira a convertirse en un “cuerpo legal propio” en derecho privado que sustituya a la normativa española, según palabras del consejero de Justicia, Carles Mundó, que regulará aspectos como los contratos de alimentos, las compraventas de inmuebles y, en un futuro, los procedimientos hipotecarios.

Profesionales del mundo del Derecho subrayan a este diario la relevancia de esta nueva norma, que ya no se limita a regular las instituciones tradicionales del derecho catalán como hasta ahora se había hecho en libros anteriores, sino que “regulan total y detalladamente las miles de relaciones contractuales que diariamente se realizan entre particulares, lo que determina la economía de un país”. Expertos como Llorenç Prats Albentosa, catedrático de Derecho Civil de la Universidad Autónoma de Barcelona, comparecieron en la Cámara catalana para advertir de la posible inconstitucionalidad del Libro VI.

Aznar dio luz verde a cambio del apoyo de CiU 

El expresidente de Gobierno José María Aznar permitió que se tramitara el Libro I (de disposiciones generales) y el Libro V (sobre derechos reales al retirar el recurso de inconstitucionalidad que había interpuesto a cambio del apoyo de CiU a su legislatura.

Cuando este Libro VI entre en vigor, “todas las relaciones civiles y comerciales que se produzcan en suelo catalán se regirán por esta normativa. Lo insólito es que españoles del resto de España tendrán que aplicar el derecho catalán como si fueran extranjeros. Máxime cuando Cataluña representa un 20% del PIB de España”, explican las mismas fuentes.
La intención de la Generalitat es dotarse de un sistema propio, cerrado y ajeno al sistema jurídico-civil del resto de España. “La llamada desconexión no se producirá de forma tajante y radical, sino que es un proceso de zapa constante, en todos los ámbitos de la vida. Eso explica que hayan dejado para el final el Libro de obligaciones y contratos.

Este proyecto de ley del Gobierno catalán está pendiente del dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias --una especie de tribunal constitucional a la catalana-- solicitado por Ciudadanos, antes de que vuelva al Pleno para que haga el debate final. La formación naranja no presentó enmienda a la totalidad, algo que sí hizo el PP, mientras que el PSC votó a favor de que se diera luz verde a la iniciativa.

El pasado día 15 de diciembre se aprobó el dictamen de la ponencia sobre la nueva norma antes de que pase al Pleno para discutir las enmiendas vivas.