La Hacienda catalana divide a ERC

Dirigentes territoriales de ERC discrepan de los planes que su líder, Oriol Junqueras, tiene para la futura Hacienda catalana. La decisión del vicepresidente económico de prescindir de las 52 oficinas liquidadoras que hasta ahora colaboraban en la gestión de tributos de la Generalitat cuenta con el rechazo de los municipios afectados. Estas oficinas están dirigidas por los Registradores de la Propiedad, colectivo dependiente del Ministerio de Justicia y que durante 40 años han ayudado al Gobierno autonómico en la administración de impuestos.

La Generalitat ha comunicado a los registradores su intención de denunciar el convenio el 1 de septiembre de 2017, es decir, dos meses antes de lo previsto. 

El pleno de la Diputación de Barcelona aprobó, la semana pasada, por unanimidad --incluidos los grupos de ERC y CiU-- una moción en defensa de la labor realizada por las oficinas liquidadoras. Este ente supramunicipal está presidido por la alcaldesa de Sant Cugat del Vallès, Mercè Conesa (CDC), mientras que el alcalde de Moià, Dionís Guiteras (ERC), es vicepresidente.

"Hechos diferenciales"

Advierten de que “ante un hipotético desmantelamiento de la red de oficinas liquidadoras, actualmente 53 despachos distribuidos por el territorio catalán, se perderían precisamente los hechos diferenciales que caracterizan las oficinas liquidadoras, en concreto, la proximidad al ciudadano, la eficacia en la gestión y el personal cualificado, por el hecho de que se trata de oficinas pequeñas con unos métodos de trabajo y organizativos propios, que permiten un trato personalizado con los ciudadanos”.

“Los empleados de las oficinas liquidadoras son personas bien preparadas con una buena formación profesional que se han convertido en auténticos especialistas en el ámbito de la gestión de estos impuestos complejos. Hay una actualización constante tanto en el ámbito de formación jurídica como de práctica de gestión de los procedimientos”, indica la moción aprobada por la Diputación Provincial.

Mociones municipales

Este ente supramunicipal pide al Gobierno catalán que adopte un modelo de gestión tributaria que permita mantener un punto de atención en los municipios afectados para que pueda suplir la atención personalizada y en proximidad prestada hasta la fecha. Asimismo, insta a la Generalitat a que ofrezca una solución a los trabajadores que hasta ahora “han venido realizando todas las funciones de gestión, liquidación y recaudación de los tributos sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentales y del impuesto de sucesiones y donaciones", que "puedan optar a continuar realizando su trabajo en la nueva forma que se desarrolla la actividad por parte de la ATC", y que permita "que la misma pueda aprovechar los conocimientos y la experiencia en estas tareas de estas personas”.

Esta resolución aprobada en la Diputación de Barcelona se une a la moción aprobada en Cerdanyola del Vallès a instancias de ERC en la que también se expresa el apoyo a estas oficinas. Similares iniciativas se han llevado a cabo en Esplugues de Llobregat –CDC y ERC se abstuvieron— y L’Hospitalet de Llobregat, gobernada por el PSC.