La Hacienda catalana perderá 400M€ al año si rompe con los Registradores

La Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) perderá al año unos 400 millones de euros si anula el convenio con los Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de Cataluña. Hace 40 años que se mantiene vigente este acuerdo, mediante el cual, las empresas liquidadoras gestionan los impuestos de donaciones, de transmisiones patrimoniales y de actos jurídicos documentados que se pagan en la comunidad autónoma. La Generalitat se reunirá mañana con representantes de este colectivo previsiblemente para notificarles, con la antelación suficiente, que no renovará el convenio que vence en octubre de 2017. Pero el decano del Colegio de Registradores de Cataluña, Luis Suárez, ha advertido en un encuentro con periodistas de que la denuncia del convenio puede provocar un colapso en la gestión tributaria que le puede costar al Gobierno autonómico unas pérdidas en recaudación de 400 millones de euros al año.

55 oficinas

Suárez ha defendido la eficacia de esta colaboración, en la que participan 55 oficinas repartidas en toda Cataluña. Entre sus labores figura la revisión y comprobación de las declaraciones tributarias –actualmente hay más de 200.000 expedientes vivos--, algo que, según Suárez, la ATC no podrá asumir, pues “el despliegue previsto es más un repliegue, solo prevén abrir 15 nuevas oficinas. El sistema va a cojear”.

Para la vicepresidencia económica de la Generalitat, que dirige Oriol Junqueras, la resolución del convenio supone un ahorro de 25 millones, pero los Registradores aseguran que “por cada euro que paga el Ejecutivo catalán, nosotros les damos 4,5 euros”.

Suárez no ha querido valorar si la decisión de Junqueras de prescindir de estos profesionales se debe a motivos políticos, ya que los Registradores dependen del Ministerio de Justicia y, como se sabe, el Gobierno catalán plantea el desarrollo de la ATC como una “estructura de Estado” con vistas a la independencia de Cataluña. El anuncio de la revocación del acuerdo inquieta a más de 300 trabajadores de estas oficinas liquidadoras, que no saben si serán absorbidos por la Generalitat. La Dirección General de Función Pública, que depende de la Consejería de Gobernación (CDC) no encuentra la fórmula de incorporar a esta “avalancha” de trabajadores. Curiosamente, la titular de este área es Susanna Bouis, exdelegada del Gobierno de José María Aznar en Cataluña.