Primer gran lío entre Puigdemont y Junqueras: la hacienda catalana

El pulso que la antigua Convergència y ERC mantienen en el Gobierno catalán se ha hecho extensivo a uno de los proyectos más importantes de la hoja de ruta independentista: la hacienda catalana.

Esta “estructura de estado”, pilar fundamental de una hipotética república catalana, se ha convertido en la niña mimada del vicepresidente económico, Oriol Junqueras, que ha decidido quitarse de encima a 300 empleados de empresas liquidadoras gestionadas por los Registradores de la Propiedad; mercantiles y de Bienes Muebles de Cataluña. Para el republicano, mantener un convenio con un colectivo que depende del Ministerio de Justicia –y al que pertenece el presidente en funciones, Mariano Rajoy-- colisiona con su estética antiespañolista. De ahí que no quiera esperar a octubre de 2017, fecha en la que finaliza el último convenio suscrito con los Registradores, y pretenda rescindirlo antes de que acabe este año. Según Vicepresidencia, la disolución del documento supone un ahorro de 20 millones de euros anuales.

Reunión con el 'president'

Ante esta situación, representantes de los Registradores pidieron una reunión con el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para exponer su inquietud. El jefe del Ejecutivo autonómico les prometió que encontraría una solución y que la colaboración se mantendría.

agencia tributaria catalana

Susanna Bouis, la exdelegada de Aznar

Por el contrario, Junqueras se quiere deshacer de estos empleados. Una de las soluciones sería su incorporación a la ATC mediante la convocatoria de un concurso, pero según este colectivo teme perder los derechos adquiridos y su antigüedad. Además, la Dirección General de Función Pública, que depende de la Consejería de Gobernación (CDC) no encuentra la fórmula de incorporar a esta “avalancha” de trabajadores. Curiosamente, la titular de éste área es Susanna Bouis, exdelegada del Gobierno de José María Aznar en Cataluña.

No será fácil sustituir a estos empleados, con larga experiencia en labores de ejecución y revisión de expedientes. Lo demuestra el hecho de que las últimas convocatorias de oposiciones y concursos para cubrir plazas en la ATC no hayan sido cubiertas. 

El conflicto generado fue debatido en el Parlamento catalán, donde la diputada del PSC Alicia Romero, tras una interpelación al Ejecutivo catalán, presentó una moción al respecto. La socialista tuvo que vencer la resistencia de Junts pel Sí y sus discrepancias internas entre ERC y CDC, pero finalmente fue aprobada la iniciativa, en la que la Cámara autonómica insta al Govern a no resolver los convenios suscritos con los Registradores de la Propiedad hasta que no haya finalizado la preparación del plan de despliegue del nuevo modelo territorial de la ATC. Ahora hace falta que la Generalitat acate esa mandato parlamentario.