La UE analizará si es legal exigir el catalán a las 'start ups' que opten a ayudas europeas

La Comisión Europea (CE) deberá determinar si es legal exigir la lengua catalana a las empresas emergentes que optan a recibir ayudas procedentes de los fondos comunitarios que gestiona la Generalitat. Tras el artículo publicado por Crónica Global que desvelaba las obligaciones lingüísticas que impone el Ejecutivo catalán, la eurodiputada de ALDE, Beatriz Becerra, ha decidido presentar una serie de preguntas a la CE, tras constatar que ese requisito no aparece en las condiciones para acceder a los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) que administran las comunidades autónomas en España.

Cataluña gestiona los fondos europeos a través del Instituto Catalán de Finanzas (ICF), dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda de la Generalitat, cuyo titular es el republicano Oriol Junqueras. Según consta en las bases reguladoras para la concesión de ayudas a las empresas participantes en proyectos de emprendimiento corporativo, muchas de ellas start ups, el ICF tramita las subvenciones a través de su filial IFEM (Instrumentos Financieros para Empresas Innovadoras, SLU). Las líneas de financiación son microcréditos, garantías, capital riesgo y coinversión. Las condiciones para acceder al préstamo son bastante genéricas, como la capacidad de gestión de la empresa aspirante, la viabilidad técnica del proyecto y la definición de riesgos, entre otros.

Condiciones genéricas

Según ha podido constatar la eurodiputada de ALDE, en ningún sitio oficial del ICF aparece que el uso de catalán tenga que ser un requisito para acceder a los créditos. Solo se establece la obligación --lógica por otro lado-- de que la empresa esté afincada en Cataluña. Asimismo, en la normativa sobre el programa Jeremie tampoco aparecen exigencias lingüísticas.

Sin embargo, tal como publicó este medio, la última convocatoria abierta por la Generalitat, destinada financiar proyectos que surjan como consecuencia de la búsqueda de sinergias entre empresas consolidadas en el mercado y emprendedores --empresas emergentes (start ups), empresas de base tecnológica o pymes--, establece como requisito el cumplimiento de los artículos 32.1, 32.3 y 36.4 de la Ley de Política Lingüística.

En ese articulado se establece que “las empresas y establecimientos dedicados a la venta de productos o a la prestación de servicios que desarrollan su actividad en Cataluña deben estar en condiciones de poder atender a los consumidores y consumidoras cuando se expresen en cualquiera de las lenguas oficiales en Cataluña”.

Ayudas de hasta 200.000 euros

Asimismo, “la señalización y los carteles de información general de carácter fijo y los documentos de oferta de servicios para las personas usuarias y consumidoras de los establecimientos abiertos al público deben estar redactados, al menos, en catalán”.

“Los rótulos e informaciones de carácter fijo --añade la citada ley-- y que contengan textos que han de constar en el interior de los centros laborales dirigidos a las personas que trabajen en los mismos deben figurar, al menos, en catalán”.

El importe máximo destinado por el ICF a estas ayudas es de 5,8 millones de euros y el máximo al que puede aspirar una empresa son 200.000 euros.