La Generalidad deja fuera de dos planes de ayudas públicas para incentivar la creación de empresas a las que no rotulen en catalán

El consejero de Empresa y Empleo, Felip Puig (CiU), ha aprobado dos órdenes (de 30 de octubre y de 4 de noviembre) por las que se establecen las bases para recibir ayudas de dinero público para fomentar "la emprendeduría", a través del programa Cataluña Emprende, y "la creación y crecimiento de empresas de economía social y cooperativa", a través de subvenciones directas.

En concreto, para el período 2013-2014, el Gobierno autonómico destinará 1.793.750 euros a promocionar empresas de "economía social y cooperativa" y otros 5.302.192,25 euros para el programa Cataluña Emprende.

Una vez más, en las bases para poder acceder a este tipo de ayudas públicas se establece que los aspirantes deben cumplir con varios puntos (artículos 32.1, 32.3 y 36.4) de la autonómica Ley de Política Lingüística de 1998 que rezan que "la señalización y los carteles de información", tanto de cara al público como en el interior, han de estar en catalán.

De la misma manera, se obliga a las empresas que quieran acceder a este tipo de ayudas públicas a "estar en condiciones de poder atender a los consumidores y consumidoras cuando se expresen en cualquiera de las lenguas oficiales en Cataluña".

"No puede significar la imposición"

Sin embargo, desde la sentencia del Tribunal Constitucional de junio de 2010, sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, esta obligación de la Generalidad al sector público no es legal. Así lo recoge el fundamento jurídico 14 de la sentencia 31/2010:

"La definición del catalán como lengua propia de Cataluña no puede justificar la imposición estatutaria del uso preferente de aquella lengua, en detrimento del castellano, también lengua oficial en la Comunidad Autónoma, por las Administraciones Públicas y los medios de comunicación públicos de Cataluña".

Una concreción sobre la relación de uso lingüístico que se plasma en el fundamento jurídico 22 de la misma sentencia del Alto Tribunal:

"El deber de disponibilidad lingüística de las entidades privadas, empresas o establecimientos abiertos al público no puede significar la imposición a éstas, a su titular o a su personal de obligaciones individuales de uso de cualquiera de las dos lenguas oficiales de modo general, inmediato y directo en las relaciones privadas, toda vez que el derecho a ser atendido en cualquiera de dichas lenguas sólo puede ser exigible en las relaciones entre los poderes públicos y los ciudadanos".

Es decir, la Generalidad ha de ofrecer toda su información en las dos lenguas oficiales de Cataluña (más el aranés, en el Valle de Arán, Lérida) a los ciudadanos, pero no puede imponer o exigir que la comunicación entre particulares -como es un comercio, verbigracia- sea en catalán o castellano.

Un requisito recurrente

No es la primera vez que se exige a una empresa o entidad desde la Administración autonómica utilizar, al menos, el catalán en sus relaciones privadas internas y externas. De hecho, es un requisito bastante frecuente que la Generalidad suele exigir para poder acceder a ayudas o subvenciones públicas.

En los últimos meses, tal y como ha recogido el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña (DOGC), este tipo de obligaciones ha afectado a las consultorías para empresas culturales y para la gestión ambiental; los proyectos de cooperación al desarrollo y los festivales musicales; los profesionales del mundo creativo y artístico; la integración laboral de personas con discapacidad; la lucha contra la pobreza; las empresas de los sectores del comercio, los servicios, la artesanía y la moda, las casas regionales; la promoción del periodismo; las productoras de dibujos animados y las asociaciones de vecinos, las entidades para la prevención de la drogodependencia, y, entre otras, las empresas y ONGs que trabajan para la reinserción laboral.