Partit Demòcrata Català se salta sus propias reglas

Hecha la ley, hecha la trampa. El nuevo Partit Demòcrata Català (PDC) busca fórmulas para saltarse sus propias normas en materia de incompatibilidades. Estas normas --que prohíben tener cargos institucionales y orgánicos al mismo tiempo, tal como se puede ver en el cuadro adjunto al que ha tenido acceso Crónica Global-- fueron aprobadas de madrugada en el reciente congreso tras unas intensas negociaciones que finalmente permitieron a Artur Mas y Neus Munté formar tándem presidencial porque supuestamente no tienen funciones ejecutivas.

Pero la excepción hecha para estos dos dirigentes tiene visos de hacerse extensiva a la ejecutiva que liderarán Marta Pascal y Carles Bonvehí. Si a ello se le añade la inclusión de un alto cargo de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) en ese equipo, la polémica está servida.

Dicho de otra manera: a la nueva formación independentista y republicana no le está resultando fácil seguir el modelo del PNV, donde se diferencian los cargos institucionales y de partido.

En la candidatura oficial presentada el miércoles figura Vanessa Farré, jefa de Relaciones Institucionales de la CCMA, el ente que gestiona TV3 y Catalunya Ràdio. Más allá de la politización de los medios públicos que supone esta dualidad, la presencia de Farré en la futura ejecutiva de PDC vulnera el código de conducta de altos cargos y personal directivo aprobado por el Gobierno catalán el pasado 21 de junio, en un alarde de transparencia y regeneración interna.

Alcaldes y diputados

Por otro lado, fuentes de la candidatura de Pascal-Bonvehí admiten que existen incompatibilidades en los candidatos Elsa Artadi (directora general de Asuntos Interdepartamentales), Albert Batet, alcalde de Valls y diputado; Montserrat Candini, alcaldesa de Calella y diputada; y Lluís Ginó: alcalde Besalú y diputado.

Explican que hay dos vías de solución. Los candidatos tienen seis meses para renunciar a alguno de sus cargos. Y, en el supuesto de que quieran mantenerlos, pueden someter su caso al Consejo Nacional del PDC, a propuesta del Comité de Calidad Democrática. Necesitarían una mayoría de dos tercios de votos de este Consejo para superar esa vía.